Orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento podría afectar a 255.000 bebés al año, advierte estudio

Miami, EE.UU. – Un estimado de 255.000 bebés por año podrían quedar sin ciudadanía estadounidense si prospera la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, según un informe publicado por el Migration Policy Institute (MPI). La medida, impugnada actualmente ante la Corte Suprema, se debate este jueves mientras crecen las alertas sobre su impacto social y legal.

De concretarse la orden, el número de personas indocumentadas en EE.UU., actualmente estimado en 13,7 millones, podría aumentar en 2,7 millones para el año 2045 y en un 40 % hacia 2075, advierte el informe. Esta nueva categoría de personas nacidas en suelo estadounidense pero desprovistas de ciudadanía generaría, según los expertos, «una disrupción significativa en la movilidad económica y la cohesión social».

El reporte, elaborado por Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt, también advierte que podrían incrementarse los casos de migrantes que abandonan voluntariamente el país. En 2020, por ejemplo, 500.000 niños nacidos en EE.UU. vivían en México, muchos debido a deportaciones de sus padres o decisiones familiares forzadas.

¿Fin a un derecho constitucional?

La iniciativa de Trump enfrenta una fuerte oposición por contradecir la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde 1868, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Aunque tres jueces federales han bloqueado temporalmente su aplicación, la decisión final dependerá de la Corte Suprema, dominada actualmente por una mayoría conservadora.

Thomas Kennedy, analista de la Florida Immigrant Coalition (FLIC), reconoce que es poco probable que la propuesta prospere, pero advierte que ya ha generado “confusión, temor e incertidumbre” entre las comunidades migrantes.

“No creo que tenga éxito legalmente, pero sí está creando un ambiente hostil, en el que los migrantes sienten que están bajo acecho constante”, expresó Kennedy.

Debate clave en la Corte Suprema

Más allá del contenido de la orden, el debate legal se enfoca en si los tribunales inferiores pueden bloquear a nivel nacional una orden presidencial mediante un interdicto universal. La administración Trump alega que tal medida excede las competencias judiciales.

Jerry Gonzalez, director ejecutivo del GALEO Impact Fund, subraya que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional claro y protegido. “La Corte Suprema debe respetar la Constitución como está escrita”, señaló.

Sin embargo, el resultado de la audiencia podría limitar el poder de los tribunales federales en la revisión de políticas migratorias presidenciales, lo que establecería un precedente legal trascendental.