Tegucigalpa, Honduras.- Una jueza de Honduras ordenó el aseguramiento e incautación de bienes inmuebles a 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó hoy un medio local.
La magistrada Lidia Álvarez concedió «la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles», según la resolución divulgada este domingo por diario La Tribuna.
Los bienes incautados pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para «su custodia y administración», añade la resolución publicada.
Álvarez ordenó también la captura internacional de las personas citadas, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato.
Los implicados son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras», según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
La magistrada ha citado a los acusados para este lunes en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe la misma fuente judicial.
Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación del lunes o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como «Pandora», que involucra a 38 personas, entre ellos el exalcalde del municipio de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y el exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014, es acusado también por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico.
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…) habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.
Los recursos, según la investigación, provenían de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones «Todos Somos Honduras» y «Dibattista», precisó la Maccih.
Las fundaciones recibieron «los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal».