Ciudad de México.- En el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer, diversas organizaciones feministas de América Latina y el Caribe realizaron una protesta simbólica para denunciar la reciente aprobación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, al que calificaron como regresivo y una forma de «violencia legalizada y antidemocrática».
Durante la manifestación, las activistas también condenaron las políticas migratorias del gobierno dominicano, señalando que las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader son racistas, y ponen en riesgo la salud y la vida de mujeres migrantes, especialmente aquellas que están embarazadas o acaban de dar a luz.
Denunciaron la presencia de puestos migratorios en hospitales públicos y la ejecución de deportaciones masivas, prácticas que afirman están provocando graves violaciones a los derechos humanos, así como un aumento de la mortalidad materna e infantil.
Estas acciones de protesta surgieron como respuesta tanto a la aprobación del nuevo Código Penal como a las denominadas “15 medidas para enfrentar la migración ilegal” implementadas por el gobierno. Según las organizaciones, estas medidas no son neutrales y reflejan un enfoque «racista, machista, clasista, antihaitiano, anti-LGBTIQ+ y antipueblo».
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Denuncias clave sobre el nuevo Código Penal
Las organizaciones feministas advirtieron sobre varios aspectos del nuevo marco legal que consideran profundamente problemáticos:
– Violencia contra las mujeres: Penaliza totalmente el aborto, en abierta contradicción con tratados internacionales de derechos humanos.
– Racismo institucional: Justifica las deportaciones masivas y los desplazamientos forzosos, criminalizando en particular a personas haitianas y negras.
– Impunidad estructural: Exime de responsabilidad penal a las iglesias en casos de abuso sexual, y elimina la responsabilidad colectiva de partidos políticos.
Discriminación legalizada: Legaliza la objeción de conciencia por motivos religiosos o morales, y elimina agravantes por raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y otras características.
– Criminalización de la protesta: Establece penas de prisión por interrumpir el tráfico, gesticular contra autoridades, o resistir pacíficamente a la autoridad, con condenas de hasta 10 años de cárcel.
Llamado urgente a un marco legal justo y democrático
Las organizaciones participantes expresaron que el nuevo Código Penal “protege a las élites, las iglesias, los militares y los partidos, mientras abandona a las mujeres negras, a las comunidades migrantes, a las juventudes empobrecidas, a las personas trans y a quienes defienden sus derechos”.
En su declaración, exigieron un Código Penal justo y humano, que respete la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, sin exclusión. Además, solicitaron el fin inmediato de las medidas migratorias que vulneran a las mujeres en situación de movilidad, especialmente a aquellas en condición de embarazo o posparto.
Advirtieron que estas políticas no solo no resuelven el fenómeno migratorio, sino que lo agravan, afectando a las personas más vulnerables y violentando compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
“No vamos a ceder ni un centímetro de los derechos ganados. Seguiremos luchando hasta que nuestras demandas sean escuchadas y respetadas”, concluyeron las activistas.