El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.
En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.
Incentiva el eterno debate
Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.
El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.
Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.
Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.
Aumenta el desconcierto
El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.
El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.
Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.
Al borde del abismo
Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.
Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.
También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.
Muy difícil de justificar
Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.
Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.
Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros. Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015
La reelección no es un derecho humano
Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.
El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.
Un costo muy elevado
Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.
Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-
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