Por Marisol Vicens Bello, abogada
Han transcurrido 54 años del estallido de la revolución de abril, y es propicia la ocasión para recordar que en este mismo país cuya historia ha estado poblada de caudillos, algunos de los cuales han gobernado al margen de la Constitución, y otros la han tratado como un simple pedazo de papel, también ha habido patriotas dispuestos a sacrificar sus vidas por defender el orden constitucional.
La gesta de abril a diferencia de otras revoluciones no buscaba quebrantar el orden institucional, por el contrario, lo que quería era restaurar la institucionalidad perdida con el golpe de estado perpetrado contra un gobierno democráticamente elegido.
Esas fuerzas constitucionalistas que tenían como norte defender la Constitución y restaurare la democracia, si bien fueron detenidas en sus propósitos por los invasores, lograron forzar una transición, y nos dejaron un importante legado que nunca debemos olvidar, que el orden constitucional no debe vulnerarse y la Constitución debe ser respetada y defendida.
En todos estos años hemos ido construyendo una democracia aún muy imperfecta, y aunque el Estado ha crecido y se ha modernizado en algunos aspectos, seguimos clamando por lo esencial, el respeto a la Constitución, la ley y las instituciones.
Lamentablemente la llegada al poder de los partidos que encarnaron en nuestro país la lucha por la democracia y que enfrentaron como opositores a gobiernos autocráticos los hizo igualar muchas prácticas que antes repudiaron, y el caudillismo ha continuado presente, impidiendo el fortalecimiento institucional esperado.
Los tiempos han cambiado y en algunos países las amenazas a la democracia dejaron de ser producto de golpes militares pasando a ser golpes propinados a las instituciones y a la Constitución. Por eso defender el orden constitucional en algunos países de la región ha sido propugnar por la estabilidad de la Constitución o rechazar cambios que persigan mantener gobernantes en el poder, como hizo la corte constitucional colombiana con el intento de Alvaro Uribe de reformar la Constitución para buscar un tercer mandato.
La verdadera democracia reside en el respeto a la separación de los poderes, pero como esta sigue siendo un reto en sociedades como la nuestra con un poder ejecutivo todopoderoso, la soberbia del poder hace que muchos de sus representantes sean intolerantes ante cualquier postura independiente que se resista a seguir sus lineamientos, o que tome decisiones contrarias a sus intereses.
Lo acontecido en relación con la sentencia dictada por tres de los cinco integrantes del Tribunal Superior Electoral es una inaceptable amenaza a la independencia judicial, que afortunadamente no ha llegado a los extremos originalmente anunciados por los pronunciamientos de importantes organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo por la oportuna intervención de la voz de la Iglesia Católica que sigue siendo la institución que más confianza tiene en nuestro país, la cual ha sabido pronunciarse en momentos importantes de nuestra historia, desde el célebre sermón de adviento hasta nuestros días.
Es una pena que haya gente que siga pensando estar por encima de las instituciones y que en vez de usar las vias de recursos esté presta a desnaturalizar procesos para convertirlos en instrumentos de retaliación, o a acomodar las reglas para satisfacer sus apetencias personales, aunque las disfracen de supuestos deseos ciudadanos.
Debemos recordar que en abril de 1965 dominicanos valientes murieron por defender nuestra Constitución, la que algunos pretenden seguir tratando como si fuese un pedazo de papel, pero que muchos estaremos dispuestos siempre a seguir defendiendo en otro abril cualquiera.
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