Pacto por el futuro de RD

ONTARIO, Canada. En todos los países donde existen mayores niveles de bienestar económico, calidad de vida y desarrollo, dos ejes han operado en forma coordinada y dinámica: ciudadanos que pagan sus impuestos y estados que administran los recursos públicos con eficiencia, pulcritud y compensan con servicios el sacrificio de los agentes económicos.

En ese contexto, gobernantes y gobernados se hacen socios en una relación de beneficio mutuo en la que prevalecen la buena fe y la confianza. Sin estos dos factores no hay forma de sacar a                                                                                                                 un país adelante.

Si los ciudadanos dudan de sus gobernantes y miran con sospecha toda iniciativa tendente a incrementar las recaudaciones o –como dicen los economistas- subir la presión fiscal, siempre apelarán a la evasión bajo el criterio criollo de “no dejarse coger de pendejos.”

Frente a agentes económicos que se las ingenian para no tributar o pagar menos, el gobierno vive en zozobra creando normativas, reformas, parches fiscales y hasta usando la fuerza para hacer cumplir la ley, con lo cual genera una relación conflictiva.

En naciones con escaso desarrollo político e institucional, ciudadanos con poder económico se colocan bajo la sombrilla del poder, usando las relaciones primarias y cobrando favores de campaña para conseguir “acuerdos” con el fisco, a veces ordenados desde las más altas instancias de los poderes gobernantes, pisoteando las leyes, las normas e irrespetando no sólo a la administración tributaria, sino al país en su conjunto.

Por esa razón es que pienso que el pacto fiscal, previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe restaurar la confianza entre gobernantes y gobernandos, recuperar la buena fe, unir fuerzas, congregar voluntades para halar la carreta del desarrollo de la República Dominicana en un mismo sentido.

El pacto fiscal hay que entenderlo en esencia como un gran acuerdo de nación para conseguir el país que queremos. Debe ser, pues, separado de las urgencias financieras actuales del gobierno, que deben ser resueltas con el concurso de todos. Si mezclamos una cosa con la otra, no saldremos a camino.