Santo Domingo. – El Congreso Nacional convirtió esta tarde en ley el proyecto que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La pieza fue aprobada en única discusión por el Senado de la República, tras las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. Su objetivo, según consta en el texto del proyecto, es fortalecer el sistema de financiamiento para el manejo de desechos en el país mediante un ajuste en las contribuciones económicas de los sectores productivos.
Nuevas contribuciones para empresas
La reforma al artículo 36 establece una contribución especial obligatoria que las empresas y entidades gubernamentales deberán liquidar anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los montos han sido escalonados según los ingresos de las personas jurídicas:
Microempresas (ingresos de 0 a RD5 millones): RD5,000 anuales.
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Empresas medianas (ingresos hasta RD100 millones): RD150,000 anuales.
Grandes corporaciones (ingresos superiores a RD2,500 millones): RD2,200,000 anuales.
El pago se realizará en dos cuotas semestrales (junio y diciembre) y será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario.
Para el presente año fiscal 2026, se ha establecido un plazo excepcional de pago en julio y diciembre para aquellas entidades que aún no lo hayan realizado.
Prohibición del foam
En el ámbito ecológico, la ley mantiene la prohibición de importar sorbetes, cubiertos, vasos y otros productos de poliestireno expandido («foam») que no posean certificación de biodegradabilidad.
Esta medida entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley, momento en el cual se fomentará el uso de sustitutos sostenibles de papel o cartón reciclado.
Asimismo, la normativa dispone la existencia de solo un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones.
Las críticas del sector empresarial
La aprobación no estuvo exenta de debate. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y partidos de oposición criticaron el incremento de la carga tributaria, argumentando que afecta la competitividad de las empresas que ya sostienen una parte significativa de las recaudaciones nacionales.
El gremio criticó que las nuevas contribuciones económicas se concentren en las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento en la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR). Destacó que estas entidades ya sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias totales del país.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la reforma señalando que República Dominicana requiere una inversión de entre RD20,000 y RD30,000 millones para solucionar de forma definitiva la crisis de los residuos sólidos. «Son medidas que generan cargas y molestan, pero son necesarias para fortalecer la organización del país», afirmó.
Tras su aprobación definitiva en el Congreso, la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación por parte del presidente Luis Abinader.
