El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Juan Manuel Méndez Pérez y Ángel Gabriel Aquino, tras hallarlos culpables de participar en un sicariato presuntamente ordenado desde un centro penitenciario, hecho en el que murió María Teresa Núñez y otras dos personas resultaron heridas.
Al leer el dispositivo de la sentencia, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la existencia de una asociación para delinquir y descartó que se tratara de un hecho aislado o espontáneo.
Las juezas concluyeron que el crimen fue previamente planificado y organizado, por lo que la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público se ajustó a los hechos probados.
Asimismo, el tribunal rechazó imponer una pena distinta para uno de los acusados, al considerar que ambos actuaron como coautores y que, durante el proceso, negaron de manera categórica su participación en los hechos, pese a la evidencia presentada por el órgano acusador.
Durante la motivación de la sentencia, las magistradas señalaron que la gravedad del caso radica, además, en que el ataque habría sido coordinado desde un centro penitenciario y ejecutado por personas contratadas para cometer el crimen.
Indicaron que la víctima sobreviviente relató que, aun después de lanzarse al suelo para protegerse, los agresores continuaron disparando, lo que evidenció la intención de provocar su muerte.
El tribunal también resaltó que, aunque la imposición de una pena de esta magnitud afecta a las familias de los condenados, la respuesta de la justicia debe ser proporcional a la gravedad de los delitos comprobados.
En ese sentido, lamentó que personas jóvenes se involucraran en hechos de esta naturaleza, en lugar de desarrollar un proyecto de vida alejado de la criminalidad.
En el aspecto civil, los jueces determinaron que los hechos ocasionaron daños a las víctimas, por lo que acogieron la constitución en actor civil presentada durante el proceso. Además, ordenaron el decomiso del arma de fuego incorporada como prueba material, la cual permanecerá bajo custodia del Ministerio Público hasta que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Finalmente, el tribunal declaró a Juan Manuel Méndez Pérez y Ángel Gabriel Aquino culpables de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de María Teresa Núñez, Salvador Emilio Carvajal y un menor de edad identificado por las iniciales F.P. Como consecuencia, ambos deberán cumplir la condena de 30 años de prisión en el centro penitenciario donde actualmente guardan prisión y pagar las costas del proceso.