El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este viernes que el Ministerio Público espera obtener una sentencia condenatoria contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set y sostuvo que el tribunal debería imponer la pena máxima que permite el tipo penal por el que son procesados.

Camacho habló tras el inicio del juicio de fondo y valoró que el proceso avanzara sin aplazamientos. Aseguró que el Ministerio Público presentó ante el tribunal su acusación y las pruebas con las que pretende demostrar los hechos atribuidos a los imputados.

Esperamos que al final de este proceso se produzca una sentencia condenatoria. Una decisión sobre la base de la prueba que hemos presentado no puede tener otro final que no sea el de una sentencia condenatoria”, expresó Camacho.

El Ministerio Público pide la pena máxima permitida.
Camacho asegura que sustentarán la acusación con pruebas.
“Lo menos que podía hacer el sistema”.

El magistrado señaló que, debido a que el proceso se conoce bajo el viejo Código Penal, incluso una condena con la pena máxima no reflejaría, a su juicio, la magnitud del daño causado a las familias afectadas por la tragedia.

”Una sentencia condenatoria, en este caso aún a la pena máxima, que es lo que debe suceder, no reflejará el daño que han recibido más de 200 familias por la muerte de 236 personas, más de 80 personas heridas y una gran cantidad de huérfanos que han dejado estos hechos”, manifestó.

Camacho insistió en que el sistema judicial debe responder con una condena frente a las consecuencias del colapso.

”Lo menos que podía hacer el sistema por estas víctimas, y valorando correctamente unos hechos que han destrozado el corazón de estas familias y han destrozado el alma del pueblo dominicano, es dictar una sentencia condenatoria y condenar al máximo de la pena que este tipo penal permite”, sostuvo.

Defiende que el proceso puede prosperar penalmente

Al ser cuestionado sobre planteamientos de abogados que consideran que el caso no prosperaría en la vía penal y debería trasladarse al ámbito civil, Camacho defendió la viabilidad del proceso.

”Pero ya este caso ha demostrado que tiene facultades para prosperar”, aseguró.

Recordó que en la etapa de medidas de coerción se impusieron medidas contra los acusados y que, posteriormente, un juez dictó auto de apertura a juicio, lo que permitió que el proceso llegara a la etapa actual.

El juicio se va a definir con pruebas, y las pruebas van a permitir al Ministerio Público que este tribunal dicte una sentencia condenatoria conforme a los hechos que hemos acusado”, indicó.

Camacho también destacó que la audiencia avanzara sin dilaciones y afirmó que el Ministerio Público acudió preparado al conocimiento del proceso.