"El interés de ellos no es entrar a la carrera, no, es que se le respeten sus salarios caídos, sobre la base de que el Ministerio Público los utilizó durante 20 a cinco años mínimo", aclaró Carlos Mesa.

SANTO DOMINGO.- Abogados designados para realizar funciones de Ministerio Público durante las gestiones de los procuradores Radhamés Jiménez (2006-2012) y Francisco Domínguez Brito (2012-2016) llevaban entre cinco y 20 años en el cargo, cuando el tiempo pautado es de seis meses, confirmó este jueves el representante del grupo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), Carlos Mesa, quien advirtió que estos profesionales son el "ente vulnerable" y la responsabilidad recae en los organismos superiores que se "favorecieron" de su permanencia en el puesto.

Durante la entrevista con El Despertador, Mesa explicó que ante la falta de fiscales, el titular de la Procuraduría General de la República puede designar a profesionales del Derecho para que realicen las funciones de Ministerio Público, pero indicó que estas labores son de representación ante  "juzgados de paz especializados", donde se tratan asuntos universales y situaciones puntuales, señaló.

Sin embargo, "sus titulares lo utilizaron como procuradores fiscales, y le dieron la autorización y la facultad de restringir derechos fundamentales", es decir, participaron en vistas de conciliación, solicitaron órdenes de arresto, litigaban en medidas de coerción, en la etapa preparatoria y en el juicio de fondo; incluso, tienen sentencia de 20 y 30 años, puntualizó el representante legal del grupo ante el TSA.

“Ellos lo ejercían todo, tenían la facultad que tiene un fiscal de carrera. La misma facultad, el mismo trabajo, la misma carga laboral", insistió Mesa al indicar que los abogados lo que buscan es el reconocimiento de la Procuraduría General de la República después de realizar un trabajo por más de 10 años y que hoy son suspendidos de manera "irregular y arbitraria".

Explicó que los abogados designados como Ministerio Público ganaban entre 16 mil y 20 mil pesos, hasta la gestión de Jean Alain Rodríguez que los aumentó a 35 mil pesos, mientras que los fiscales de carrera ganaban alrededor de 125 mil más los beneficios extraordinarios.

El abogado responsabilizó al Ministerio Público de dejarlos durante este timepo en violación de los estatutos que dan cáracter transitorio al cargo y calificó a lso fiscales designados como el "ente vulnerable", ya que el órgano persecutor se "benefició más" de su trabajo, ya que "le resolvieron el problema de criminadidad". 

"El interés de ellos no es entrar a la carrera, no, es que se le respeten sus salarios caídos, sobre la base de que el Ministerio Público los utilizó durante 20 a cinco años mínimo, o sea, son personas que fungieron como Ministerio Público pero con un salarios precario", lo que indicó es contrario a la Constitución.

Al ser cuestionado sobre por qué en el tiempo de ejercicio estos abogados no se regularizaron, ingresando a la escuela y pasando el concurso de oposición, Mesa dijo que se sometieron a las evaluaciones, pero que nunca pasaban la prueba psicométrica, lo cual atribuyó a la falta de transparencia en el manejo de los exámenes.

En ese sentido, invitó a investigar el concurso de oposición para lograr el puesto de fiscales en el Ministerio Público, asegurando que abriría una caja de pándoras y "que estarían desvinculado a cientos de fiscales que no pasaron la prueba y fueron favorecidos por personas que manejaban ese concurso", expresó. 

Explicó que aunque continúan como empleados del Ministerio Público, los fiscales inhabilitados ocuparán el cargo que tenían en 2006 como abogados ayudantes de los otros fiscales, lo que considera una violación a la Constitución, a la justicia social y a la dignidad humana.

Carlos Mesa advirtió que la resolución notificada a unos 160 abogados, los cuales el Ministerio Público cifra en 137, los degrada del puesto, pero al no ser reemplazados por fiscales de carrera realizan las mismas funciones, pero sin firmar los actos conclusivos.