SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El doctor Julio Cury propuso despenalizar los delitos de prensa y que, en cambio, sean castigados con indemnizaciones económicas.

Dijo que aunque el derecho al honor, la intimidad y la dignidad de las personas tienen jerarquía constitucional, las penas privativas de libertad comprimen considerablemente la libertad de expresarse, que según dijo es un derecho fundamental reconocido por la Constitución.

Señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han manifestado en contra de la penalización de los delitos de prensa.

“Se ha considerado que la aplicación de sanciones civiles proporcionales al perjuicio moral sufrido con motivo de excesos al referirse a los demás, es suficiente para resarcir la vulneración del derecho a la honra”, manifestó el jurista, quien es miembro del Consejo de Asesores del candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía.

Cury sostuvo que la tendencia actual favorece la despenalización de esos delitos, y citó a México, Argentina y El Salvador entre los países en que la difamación y la injuria no son castigadas con penas de prisión correccional.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también a favor de la despenalización de los delitos de prensa, ya que considera que de ese modo se fortalece el derecho a expresarse libremente, sin restricciones ni cortapisas, y más importante aún, que esa libertad estimula la formulación de denuncias contra los poderes públicos, lo que a su vez contribuye a transparentar la administración estatal”, explicó.

El asesor jurídico del ex presidente Mejía dijo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha valorado como un “notorio avance a la libertad de prensa y a la democracia” la derogación de los textos legales que consagran penas de cárcel para la difamación e injuria.

“En verdad, la libre circulación de la información solo se garantiza si se abrogan las limitaciones a la libertad de expresión, esto es, si en lugar de penalizarse, los daños morales sufridos por lesionarse la honra, reputación e imagen, se reparan con indemnizaciones económicas”, puntualizó el destacado abogado.

Manifestó que los políticos, funcionarios públicos y personas de alta exposición social deben ser “un tanto más tolerantes” con las imputaciones inexactas que se hagan de ellas. “Y más todavía, diría que debemos serlo hasta con críticas subidas de tono, muy propias de las desavenencias políticas, siempre y cuando esas críticas no traspasen la frontera de los agravios a la dignidad propia”, expresó el destacado jurista.