Julio Cury y Francisco Franco expresaron que la jueza Romero está siendo movida por “los hilos titiriteros del Ministerio Público, pues en el arresto ordenado peca de una ligereza inexcusable, impropia de un Estado de Derecho, sobre todo porque no se molestó en motivar en base a los causales que justifican esa medida de aseguramiento conforme al art. 225 del Código Procesal Penal”.

SANTO DOMINGO.- Los abogados del general Julio de los Santos Viola, arrestado anoche por el Ministerio Público, deploraron la colaboración de la jueza Kenya Romero en la judicialización de la política, calificando la orden de arresto por ella dictada como un “ejemplo penosamente paradigmático” de orfandad motivacional dictada con la intención de perseguir y desgastar a actores políticos.

Julio Cury y Francisco Franco expresaron que la jueza Romero está siendo movida por “los hilos titiriteros del Ministerio Público, pues en el arresto ordenado peca de una ligereza inexcusable, impropia de un Estado de Derecho, sobre todo porque no se molestó en motivar en base a los causales que justifican esa medida de aseguramiento conforme al art. 225 del Código Procesal Penal”.

Sostuvieron que actuaciones como la de la jueza Romero son inaceptables, pues constituyen una manifestación complaciente, caprichosa y autoritaria de su voluntad, lo cual violaría el principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad. “El derecho fundamental a la libertad no puede ser tutelado a través del mero voluntarismo, sino que debe serlo por decisión razonable y racionalmente justificada, ejercicio que no hizo la jueza Romero en su degradante función de papel carbón del Ministerio Público”.

Cury y Franco adujeron que la orden de arresto dictada en contra del alto militar habría hecho “añicos” el precedente del Tribunal Constitucional que desde el 2013 les exige a los tribunales evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de disposiciones legales. “Lejos de exponer de forma concreta y precisa cómo valoró las pruebas y las causales que dan lugar al arresto, la jueza Romero apenas consignó que el mismo era necesario y útil, acaso como si la legitimidad de su resolución puede residir en su mera voluntad”.

Por considerar que el arresto comprende la afectación de derechos fundamentales, Cury y Franco dijeron que el papel de un juez es verificar su necesidad y proporcionalidad, pero nunca hacer descansar la decisión en factores ajenos al derecho ni servir de sello de goma de las pretensiones del Ministerio Público.

“Es obvio que un puñado de jueces está tomando en cuenta la aceptación social y el aplauso antes que la aplicación razonada de la ley, pues de otro modo no se explica una decisión inmotivada que ordene el arresto de una persona, con una simpleza bochornosa, sin molestarse en estructurar silogísticamente su convicción al respecto, es decir, sin hacer una concatenación de hipótesis constatadas respecto de las causales habilitantes del arresto. La jueza Romero erigió su convicción empecinada en ley, siendo la orfandad motivacional de su orden de arresto tan grosera, que la descalifica”, expresaron.