Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, entiende que el congresista debe perder su investidura si se comprueba que violentó la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

SANTO DOMINGO.-Ante las revelaciones del programa El Informe de que el senador oficialista Alexis Victoria Yeb se ha beneficiado con al menos 14 procesos de compra-venta de sus empresas con instituciones públicas, las Alianza Contra la Corrupción depositó este jueves en la Cámara de Diputados una solicitud para que emprenda un juicio político en contra el legislador.

Mientras legisladores de la oposición también exigen procesar judicialmente al congresista por la provincia María Trinidad Sánchez.

Es lo que el presidente de Alianza Contra la Corrupción, Julio César de la Rosa,  entiende que debe proceder en el caso del senador  Alexis Victoria Yeb, por haber violentando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, al tener contratos con el Estado pese a su investidura.

En ese sentido, el diputado del PLD, Tulio Jiménez, reclamó a las autoridades judiciales exhibir con los perremeistas la misma independencia que aseguran tener con los miembros de la organización morada.

De acuerdo con el artículo 83 numeral 1 de la Constitución, la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar ante el Senado de la República a los funcionarios públicos elegidos por voto popular por la comisión de faltas graves en sus funciones.

La Carta Magna establece que la acusación sólo podrá formularse con el voto de las dos terceras partes de la matrícula de diputados y que la persona acusada quedará suspendida de sus funciones desde el momento en que la Cámara Baja declare ha lugar la acusación.

El senador por María Trinidad Sánchez había asegurado que de comprobarse que tenía contratos con el estado renunciaría de sus funciones, sin embargo, a nueve días de que Compras y Contrataciones emitiera la certificación que confirmaba las irregularidades cometidas por el legislador, este no ha cumplido con sus palabras.

"La Constitución de la República en su artículo 22 reconoce de manera expresa, como derechos de ciudadanía, cobrando relevancia para el caso que nos ocupa el contemplado en el numeral 4 de dicho articulado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, en su condición de organización sin fines de lucro ejerce sus funciones de vigilancia de la transparencia e institucionalidad y respeto a la norma, por parte de la administración y los entes que componen el tren administrativo nacional, dentro de las que se encuentran aquellas que le facultan a elevar mediante la figura de la Petición Constitucional el reclamo de indagatorias para de determinar la responsabilidad ante la posible comisión de “Delitos económicos” cometidos en contra del Estado Dominicano y por ende repercuten en afectación sobre los derechos colectivos del ciudadano".

"De igual manera el Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 12) Velarporel fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública", sostuvo.

En su informe, la DGCP, establece que la inhabilitación de un proveedor por estar en el régimen de inhabilidades es una situación sujeta al cambio constante y sin aviso, ya que sobreviene a la persona, sea física o jurídica, tras un cambio en su estatus ocupacional o político, como es el caso del senador Victoria Yeb, quien, por encontrarse en el Régimen de Prohibiciones, previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones no puede suplir al Estado.

El senador Alexis Victoria Yeb, figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L. a la fecha actual y tras el análisis de la composición accionaria de cada una de estas empresas, a la luz del cargo político del senador, se colige que las mismas no pueden contratar ni ser proveedores del Estado y se ha procedido a la suspensión de sus registros.

También fueron identificadas otras sociedades comerciales como Cristalia Dominicana S.R.L., JD Guerrero, S.R.L. y Dronena S.A., siendo la última suspendida, por haberse constatado la vinculación de la misma con el señor Alexis Victoria Yeb, al tener este el 100% de las acciones de la empresa ACE Capital Investors, Inc., quien a su vez es la accionista mayoritaria de Dronena, S.A. con un 99.98% de capital social, en el informe se destaca que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A. resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor total de RD$ 1,720,375.08, luego de su toma de posesión como senador de la República.