SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó este miércoles a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas que inicie las investigaciones de lugar a fin de determinar las graves irregularidades encontradas por la entidad en el proceso de licitación y posterior adjudicación para el diseño, construcción y financiamiento de la Carretera Bávaro - Uvero Alto - Miches - Sabana de la Mar.

Asimismo, para la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar, realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de ADOCCO afirmó que Obras Públicas se coloca por encima de las leyes nacionales y expone al país a serias sanciones al desconocer el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC) que obliga a las entidades centralizadas del Gobierno a realizar servicio.

Indicó que el valor estipulado en el contrato de la obra  es superior a los US$265 millones una cifra muy superior al monto especificado en el TLC.

Dijo que el concurso convocado por Obras Pública se realizó bajo la modalidad de una licitación pública nacional, a pesar de que a los interesados se les exigió “haber participado durante los últimos 15 años en la ejecución de un mínimo de dos obras cuyos montos sean mayores de 60 millones de dólares y haber participado durante el mismo período en la realización de proyectos similares cuyos montos actualizados también sean mayores a los 60 millones de dólares”.

Según el artículo 38 de la Ley de Contrataciones Públicas, explica De La Rosa, Obras Públicas está obligado a elaborar planes y programas de contratación de obras que sean consistentes con el presupuesto aprobado para cada año.

Y señala que el decreto 490-07, que  establece el Reglamento de Compras y Contrataciones, dispone en su artículo 38 que ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la apropiación presupuestaria correspondiente.

Destaca como una grave irregularidad que la licitación se realizara sin un presupuesto previamente establecido.

“Este contrato al igual que todos los concedidos por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, coincidencialmente a la misma empresa y con las mismas modalidades, lo que se puede verificar con el simple ejercicio de tomar los pliegos de condiciones de cada una de las obras adjudicadas, demuestran que existe el interés de beneficiar siempre a la misma empresa constructora y consorcio”, terminó diciendo el vocero de la entidad anticorrupción.