La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) afirmó este jueves que la firma del Pacto Eléctrico debe tener un cumplimiento fiel de la legislación para obtener los logros que el país necesita en el sector eléctrico.

SANTO DOMINGO.-La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) afirmó este jueves que la firma del Pacto Eléctrico debe tener un cumplimiento fiel de la legislación para obtener los logros que el país necesita en el sector eléctrico.


En ese sentido, también informó que debe ir acompañado de voluntad política.


Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la asociación recordó que el pacto es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo que su firma representa el cumplimiento de un compromiso que el país asumió. 


“La firma del pacto no es la solución final a los cambios que se necesitan en el sector sin restar méritos a todos los esfuerzos que llevaron a la firma de hoy. Sin embargo, sin voluntad política y sin cumplimiento de la legislación vigente no vamos a seguir avanzando” enfatizó Cabral en una entrevista en un programa radial.


ADIE resaltó que, pese a la posposición de la firma por varios años, el sector eléctrico pudo exhibir avances sobre todo en la diversificación de la matriz de generación, como el aumento en la producción de energía a base de gas natural, la reducción de los precios de generación y los nuevos proyectos de energía renovable no convencional que han entrado al sistema. 


Además valoró los avances en algunos aspectos contenidos en el pacto como la reorganización de los organismos públicos del sector y expresó la necesidad de actualizar otros puntos del pacto como los calendarios para la reestructuración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad las cuales deben reducir sus pérdidas y convertirse en empresas financieramente sostenibles.  


La ADIE reiteró que considera el Pacto Eléctrico como un compromiso de todos para fortalecer la institucionalidad, mantener la estabilidad de las reglas del juego y la confianza para una relación público-privada que beneficie a los ciudadanos, a la economía en su conjunto y al desarrollo del país.