Esta asociación es presentada en la acusación como instrumento de lavado de activos.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Campesina Madre Tierra es el tema de debate esta mañana en la dos veces aplazada audiencia de coerción contra los imputados en la Operación Coral.

La objeción la pusieron sobre la mesa los defensores de Adán Cáceres, alegando que no fueron citados los representantes y que por tanto no debe ser mencionada por el Ministerio Público durante el caso.

De su parte Wilson Camacho, titular la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), dijo que lo que dijo el Ministerio Público es que “con relación a Madre Tierra no va a pedir medida” y que los defensores lo que buscan es “dilatar el proceso”.

Esta asociación es presentada en la acusación como instrumento de lavado de activos. Sobre este pedido de la defensa la jueza decidió deslindar el proceso y dejar las figuras jurídicas para conocer los pedidos en su contra de forma separada.

La Asociación Campesina Madre Tierra, con ubicación en Sabana Grande de Boya, es la primera empresa creada por el mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez De Aza como parte del supuesto entramado corrupto que las autoridades han destapado en la Operación Caracol, afirma el Ministerio Público.

Desde agosto de 2015 hasta febrero de 2021, esta asociación ha registrado en la banca formal movimientos por 242 millones 790 mil pesos, lo que lleva a los investigadores a afirmar que su fin era "captar, convertir y transferir activos con el propósito de ocultarlo y disimular su procedencia ilícita".

La tesorera de la organización era Rossy Guzmán, la pastora y asimilada policial detenida por el caso y señalada como administradora de al menos ocho empresas de Cáceres.

A solo ocho meses de la apertura de operaciones, Madre Tierra recibió 13 millones 547 mil pesos, de esa cantidad 9 millones fueron un "préstamo" hecho por Adán Cáceres el 16 de noviembre de 2015, todo esto según la solicitud de coerción.

Entre 2015 y 2017 los ingresos aumentaron de 13 a 17.5 millones de pesos. Pero en 2018, 2019 y 2020 las cifras fueron de 52, 60 y 71 millones, asegura la Procuraduría en su acusación.