“Es justo señalar que en estos procesos hay defensas que se dedican a hacer planteamientos irracionales en los tribunales, para que luego, cuando los jueces imponen la racionalidad y el derecho, salir a criticarlos”, dijo.

SANTO DOMINGO.- Ante las afirmaciones del abogado del general De Los Santos Viola, involucrado en la Operación Coral 5G, quien afirma que la jueza Kenya Romero está confabulada con el Ministerio Público, Wilson Camacho, titular de la Pepca, dijo que los 18 meses de medida de coerción impuestos al señalado en el entramado de supuesta corrupción es la que corresponde debido a la "gravedad de los hechos que han sido imputados por el Ministerio Público y la contundencia de las pruebas presentadas".

“Es justo señalar que en estos procesos hay defensas que se dedican a hacer planteamientos irracionales en los tribunales, para que luego, cuando los jueces imponen la racionalidad y el derecho, salir a criticarlos”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Estos abogados deben seguir siendo aplastados por la fuerza de la verdad y la razón”, acotó.

Camacho se refirió a la decisión que envía a prisión al militar al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Al admitir de manera completa la petición del Ministerio Público, la magistrada Kenya Romero le impuso al general De los Santos Viola el cumplimiento de la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal, y además declaró el caso de tramitación compleja. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 14 de marzo de 2022.

El Ministerio Público establece que el general De los Santos Viola cometió desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Desde su arresto el pasado mes, el encartado utilizó de manera infructuosa una serie de recursos con el objetivo de evitar el proceso, incluyendo recusaciones a la jueza Romero, presentación de dos hábeas corpus y una instancia ante el Tribunal Constitucional y desplegar una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas.

A pesar de esas acciones, el imputado no logró su objetivo por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el transcurso del proceso, las cuales llevaron al tribunal a imponerle la prisión preventiva que solicitó el órgano persecutor y cuya decisión dio a conocer la tarde de este martes.

La pasada semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados a la red de corrupción administrativa desmantelada en noviembre pasado con la Operación Coral 5G, incluyendo a los también generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como a otros altos oficiales del cuerpo del orden.

Los oficiales militares cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.