Asimismo, reconoció la independencia que ha dado a los fiscales investigadores la procuradora general, Miriam Germán Brito, para trabajar los casos de corrupción, aunque sin participar en el Caso Medusa, del cual se inhibió.

SANTO  DOMINGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que cinco miembros del cuerpo de fiscales de la Dirección General de Persecución y la Pepca, incluyendo a su titular, el procurador adjunto Wilson Camacho, se encuentren aquejados por la COVID-19 en estos momentos.

Valoró que la salud de los afectados va mejorando y agradeció su entrega a la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Asimismo, reconoció la independencia que ha dado a los fiscales investigadores la procuradora general, Miriam Germán Brito, para trabajar los casos de corrupción, aunque sin participar en el Caso Medusa, del cual se inhibió.

La procuradora adjunta resaltó el compromiso del Ministerio Público, el cual ha demostrado su determinación de presentar casos judiciales con expedientes sólidos que contribuyen con el derecho legítimo de la sociedad a que se haga justicia.

“Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una forma directa o indirecta, han contribuido a esta investigación, que muchas veces nos hacen llegar informaciones que son relevantes; créannos que agradecemos, que todo este equipo lo agradece profundamente y hace el formal compromiso de seguir trabajando estos temas”, dijo.

La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y este martes dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a otros tres implicados en la red de corrupción en el Caso Medusa.

La prisión preventiva, que se corresponde con el temor de fuga y la intención mostrada por los imputados de ocultar evidencias, deberá ser cumplida por el exprocurador Rodríguez, junto a Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.

En cambio, la jueza le dictaminó impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos a Miguel José Moya, mientras a Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Jenny Marte Peña les dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, como medida de coerción.

“Con relación a aquellos (imputados) que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender (la jueza Romero), que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga, en ningún caso por insuficiencia probatoria”, dijo la procuradora adjunta Reynoso.

La magistrada Romero, quien desde el pasado jueves inició el conocimiento de este proceso, también dictaminó la complejidad del caso, como lo solicitó el Ministerio Público, en el fallo dado a conocer este martes en la sala del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público demostró la solidez de su acusación en estrado, donde expuso el expediente acusatorio, con más de 5,800 páginas de pruebas, y desmontó cada alegato de la defensa, para lograr la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.

Rafael Stefano Canó Sacco, quien también está implicado en el Caso Medusa, se encuentra prófugo.

Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.

El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.