El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Policía Nacional y la Dirección General de Migración intervinieron 15 paradas de motoconcho, retuvieron 64 motocicletas y aplicaron 97 fiscalizaciones durante un operativo conjunto en distintos puntos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.
Las acciones de fiscalización, depuración y control, que se llevaron a cabo los días 11 y 12 de junio, también incluyeron la realización de 247 pruebas de alcoholemia, la retención de dos vehículos y la eliminación de tres paradas de motoconcho por incumplir las condiciones mínimas para su operación.
Además, se registraron 518 personas y motocicletas, se realizaron 247 pruebas de alcoholemia, se levantaron 97 fiscalizaciones y fueron retenidas 64 motocicletas y dos vehículos.
Las intervenciones se desarrollaron en corredores estratégicos de alta movilidad y zonas de conexión con el transporte público, incluyendo las avenidas John F. Kennedy, Núñez de Cáceres y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, así como el entorno del kilómetro 9 de la Autopista Duarte y la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste.
Durante los operativos también fueron detenidas 24 personas, identificados 20 extranjeros con estatus migratorio irregular y ocupada un arma blanca, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, la seguridad ciudadana y el ordenamiento del transporte. Entre los detenidos se identificaron seis extranjeros con estatus migratorio irregular y fue ocupada un arma blanca.
El INTRANT destacó que los operativos forman parte de una estrategia permanente para verificar las condiciones mínimas de operación de conductores y motocicletas dedicadas al transporte de pasajeros, incluyendo la validación de licencias de conducir, documentación de los vehículos, uso de casco protector y seguros vigentes.
La institución informó que continuará desarrollando estas acciones de manera coordinada con los organismos competentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, depurar operadores no habilitados, actualizar los registros de paradas y avanzar hacia un sistema de mototransporte más seguro, organizado y sujeto al control del Estado.