Recordó que la medida precautoria  contra el derecho Constitucional a la protestar, a la luz de su declaratoria de incompetencia para conocer la acción de amparo interpuesta contra el CMD no tiene ningún tipo de efecto contra el gremio de los profesionales de la salud.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, manifestó este jueves que no tiene vigencia la medida precautoria emitida por la magistrada Priscila Martínez Tineo, juez presidente de la Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ya que se declaró incompetente de conocer el conflicto entre la ARS y el gremio de los profesionales de la salud.

Recordó que la medida precautoria  contra el derecho Constitucional a la protestar, a la luz de su declaratoria de incompetencia para conocer la acción de amparo interpuesta contra el CMD no tiene ningún tipo de efecto contra el gremio de los profesionales de la salud.

Al respecto, el jurista Miguel Surun Hernández, aclaró que el criterio constante fijado por la jurisprudencia en la materia, y por el propio Tribunal Constitucional, es que la declaratoria de incompetencia de atribución, en el curso de una acción de amparo, conlleva la extinción  y cese de cualquier medida precautoria.

Surún Hernández agregó:  Pues la competencia de atribución es de orden público, y se impone a los propios jueces, quienes están atados por los limites de su competencia, tal y como se hace constar en la Sentencia del Tribunal Constitucional TC/078/2014, que expresa : “En ese orden, si bien es cierto que el legislador otorga a los jueces de amparo la posibilidad de adoptar medidas provisionales, no es menos cierto que estos, antes de tomar cualquier decisión, tienen que examinar el alcance y los límites competenciales que se les reservan”.

El también presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD),  explicó que, en consecuencia, dicha medida precautoria no existe, quedando el Colegio Medico Dominicano, en pleno ejercicio de su derecho constitucional a protestar, efectuar paros y huelgas.