Más de 30 profesores de Derecho de diferentes universidades del país recomendaron a las autoridades abstenerse del uso desproporcional de la fuerza, imposición de sanciones económicas, detenciones y secuestro de bienes durante el estado de emergencia por el coronavirus.

SANTO DOMINGO.- Más de 30 profesores de Derecho de diferentes universidades del país recomendaron a las autoridades abstenerse del uso desproporcional de la fuerza, imposición de sanciones económicas, detenciones y secuestro de bienes durante el estado de emergencia por el coronavirus.

En nota de prensa los docentes expresaron su preocupación por el proceder de las autoridades y aseguraron que “no basta una ley que disponga las medidas sancionatorias por la conducta de violar el toque de queda, sino que, además, las sanciones deben ser razonables y deben atender a la finalidad que se procura con la limitación al derecho humano de que se trate”.

En este sentido propusieron que el Poder Legislativo se reúna con urgencia y adopte leyes que contemplen las medidas sancionatorias –no necesariamente penales– que sean razonables y constituyan el medio idóneo para detener la propagación del virus COVID-19.

Igualmente recalcaron que “las libertades de tránsito, de reunión y de asociación solo pueden ser regulados por el legislador; por lo que, hasta tanto el Poder Legislativo no emita una ley que disponga las consecuencias a las violaciones al toque de queda, las autoridades policiales y militares no deben incurrir en prácticas ilegales, que se traducen en arbitrariedades y formas de tortura, contrarias al texto constitucional”.

En el documento que se hizo circular este lunes, se enfatiza que debe establecerse un marco legal claro, pues el derecho a la libertad personal no ha sido suspendido, porque la privación de libertad es la excepción y la regla es la libertad.

Advirtieron que se ha denunciado un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza y prácticas denigrantes, así como la imposición irregular de sanciones pecuniarias y la confiscación o secuestro de bienes, todo sin que ninguna ley regule tales actos.

Afirman que esas actuaciones deben ser detenidas y el Estado, en su conjunto, tiene la obligación de instruir a sus funcionarios sobre la mejora de sus prácticas y proveerles de un marco legal adecuado para las actuaciones en procura de la disminución de los contagios y la lucha contra la propagación de la enfermedad.

Los docentes firmantes consideran “que las autoridades municipales, policiales y militares deben abstenerse de realizar uso desproporcionado de la fuerza, de la aplicación o cobro de sanciones económicas, de incautar o secuestrar bienes de las personas y de las restricciones ilegales a la libertad, ya que estas prácticas sin base legal, vulneran derechos fundamentales de las personas.  Solo mediante ley pueden imponerse tales medidas, pues un decreto, como acto administrativo que emite el presidente de la República, no es un instrumento normativo válido para la limitación de derechos humanos”.

Los firmantes son: 

1. Amaury Reyes Torres, profesor de Derecho Constitucional.

2. Andrés Alma, profesor de Resolución Alternativa de Conflictos.

3. Andrés Astacio P., profesor de Derecho Económico.

4. Antoliano Peralta Romero, profesor de Derecho Electoral.

5. Antoliano Peralta Melo, profesor de Derecho Comercial.

6. Arístides Trejo, profesor de Derecho Procesal Penal.

7. Carlos Manuel González, profesor de Derecho Constitucional.

8. Chaly Nicole Cruz Pozo, profesora de Derecho Tributario.

9. Dilia Leticia Jorge Mera, profesora de Derecho de las Personas y la Familia.

10. Edison Joel Peña, profesor de Derecho Público.

11. Emery Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional.

12. Emil Chireno, profesor de Derecho Internacional Privado.

13. Félix Damián Olivares Grullón, profesor de Derecho Procesal Penal.

14. Fernando M. Gutiérrez Figuereo, profesor de Derecho Penal.

15. Francisco Manzano, profesor de Derecho Penal Económico.

16. Harold Modesto, profesor de Derecho Penal.

17. Jaime Rodríguez, profesor de Derecho Procesal Constitucional.

18. Jorge Antonio López Hilario, profesor de Derecho Civil.

19. José Benjamín Rodríguez Carpio, profesor de Sucesiones y Liberalidades.

20. Juan José Espaillat, profesor de Derecho Civil.

21. Manuel Ulises Bonelly Vega, profesor de Derecho Procesal Penal.

22. Máximo Bergés Chez, profesor de Procedimiento Civil.

23. Miguel Valerio, profesor de Derecho Penal.

24. Noelia Rivera Guevara, profesora de Derecho Internacional

25. Orlidy Inoa, profesora de Resolución Alternativa de Conflictos.

26. Paola Pelletier Quiñones, profesora de Derechos Humanos.

27. Huáscar Villegas, profesor de Derecho Civil.

28. Manuel Fermín Cabral, profesor de Derecho Administrativo.

29. Patricia M. Santana Nina, profesora de Derecho Constitucional.

30. Pedro Balbuena Batista, profesor de Derecho Procesal Constitucional.

31. Pedro Livio Montilla Cedeño, profesor de Derecho Constitucional.

32. Pedro Luis Montilla Castillo, profesor de Derecho Constitucional.

33. Ramón Abreu, profesor de Derecho Civil.

34. Ramón Elías Schira Pérez, profesor de Derecho Penal.

35. Ramón Emilio Núñez N., profesor de Derecho Procesal Penal.

36. Rosa Margarita Pérez Melo, profesora de Derecho Comercial.

37. Sarah E. Roa Ramírez, profesora de Derecho Comparado.

38. Sheiner Adames Torres, profesor de Derecho Internacional Privado.

39. Sigmund Freund Mena, profesor de Derecho Administrativo.

40. Solangey´s Reyes Guzmán, profesora de Criminología.

41. Thiaggo Marrero Peralta, profesor de Práctica Forense Penal.