Aunque el proyecto del Código Penal establece que los militares sólo podrán ser juzgados en jurisdicción privilegiada cuando cometan infracciones disciplinarias, por mandato del artículo 254 de la Constitución y el Tribunal Constitucional, los artículos al respecto han causado una polémica.

SANTO DOMINGO.- Justo cuando el Cuerpo de Seguridad Presidencial y otros dos organismos castrenses, se encuentran en el centro de las investigaciones por el desvío millonario de fondos por parte de sus directores, revelado mediante las dos versiones de la operaciones Coral, vuelve a tomar vida en el Congreso el debate sobre el aparente intento de reactivar la justicia militar paralela a los tribunales civiles.

Aunque el proyecto del Código Penal establece que los militares sólo podrán ser juzgados en jurisdicción privilegiada cuando cometan infracciones disciplinarias, por mandato del artículo 254 de la Constitución y el Tribunal Constitucional, los artículos al respecto han causado una polémica.

De acuerdo al nuevo proyecto legislativo, los militares deberán acudir a los tribunales de justicia ordinaria cuando en sus actos existan víctimas, coautores y cómplices civiles; si la comisión de infracciones implican hechos muy graves establecidas en este código y en leyes especiales; o cuando el delito sea en contra del patrimonio público.

Los debates sobre el tema se producen en momento en que algunos legisladores rechazan el intento de reactivar un tribunal para los cuerpos castrenses, mientras otros entienden que la situación se plantea para boicotear el proyecto.

El Artículo 303 de la modificación al Código Penal establece que las infracciones de naturaleza estrictamente militar cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones serán conocidas por las jurisdicciones militares.

Ante el debate generado sobre el tema, el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, de la Cámara de Diputados, adelantó que se reunirán este jueves para estudiar ese informe.