Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles, en una sesión extraordinaria y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.
La decisión de inmediato generó la reacción del sector empresarial, que cuestionó la rapidez del proceso legislativo.
La iniciativa legislativa fue sancionada por los senadores tras ser declarada de urgencia, lo que permitió su aprobación en el mismo día, sin agotar el procedimiento ordinario habitual de discusión más amplia en comisiones.
CONEP cuestiona aprobación y pide más diálogo técnico
Pocas horas después de la votación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que calificó como una aprobación “al vapor” de una reforma de alta complejidad técnica.
«Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica”, señaló la organización empresarial en su posicionamiento público.
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El CONEP insistió en que los cambios a una normativa tan sensible como la gestión de residuos sólidos requieren mayor consenso entre el sector público, privado y expertos ambientales a fin de evitar impactos negativos en su implementación.
Reforma a residuos sólidos vuelve al centro del debate
La modificación a la Ley de Residuos Sólidos prohíbe la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.
Su objetivo es actualizar el marco legal vigente sobre la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos en el país, un tema que en los últimos años ha estado en el centro del debate público por su impacto ambiental y económico, según indica el proyecto.
Sin embargo, la forma en que fue aprobada en el Congreso vuelve a encender la discusión sobre la práctica de declarar proyectos de urgencia, una figura que permite acelerar su aprobación en dos lecturas consecutivas, pero que también suele generar críticas por la falta de tiempo para el análisis detallado.
La gestión de los residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales retos ambientales y de salud pública en la República Dominicana, debido al crecimiento urbano, el aumento del consumo y la limitada capacidad de los sistemas de recolección y disposición final en distintas zonas del país.
En este contexto, el país dio un paso importante con la aprobación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, una normativa que estableció por primera vez un marco legal más estructurado para regular la recolección, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de los desechos.
- Esta ley también introdujo la idea de fortalecer la responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y el sector privado.
Con el paso del tiempo, la implementación de esta legislación ha enfrentado desafíos relacionados con su aplicación, financiamiento, supervisión y adaptación a nuevas realidades del mercado y del consumo, lo que ha generado debates sobre la necesidad de ajustes y reformas para hacerla más efectiva.
A nivel internacional, la tendencia en políticas ambientales ha estado orientada a reducir el uso de plásticos de un solo uso y a promover modelos de economía circular, donde los residuos puedan ser reutilizados, reciclados o transformados en nuevos productos, disminuyendo así el impacto ambiental.
