En la solicitud de medida de coerción se detallan la presunta participación de la red, donde algunos se identificaban con lo que el ministerio público ha denominado codinome.

SANTO DOMINGO.-El Juez Emmanuel López Polanco de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conoce la solicitud de medida de coerción en contra los imputados de la Operación Coral 5G. La audiencia se realiza a puertas cerradas.

Algunos de los implicados se taparon el rostro mientras bajaban las escaleras para ser conducidos a la sala de audiencia.

El equipo de fiscales están compuestos por Wilson Camacho, director de la Pepca, Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca, Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.

Se recuerda que el Ministerio Público depositó la solicitud la noche del viernes en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa, para quienes pidieron la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.

La magistrada Mirna Ortiz, luego que salió de depositar la solicitud de medidas coercitivas, dijo que el MP cuenta con más de 700 pruebas contra los 13 encartados en el caso.

En la solicitud de medida de coerción se detallan la presunta participación de la red, donde algunos se identificaban con lo que el ministerio público ha denominado codinome.

Exigir sumas millonarias como sobornos a empresarios y suplidores del CUSEP y CESTUR, utilizar militares y policías para hacer transacciones millonarias sin justificación, crear empresas para adquirir bienes pero que no presentaban operaciones comerciales, utilizar sellos de distintas instituciones públicas como la contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que supuestamente buscaban distraer los fondos del Estado,  son algunas de las imputaciones que hace el MP a tres generales y otras 10 personas en la operación denominada Coral 5 G.

Indica el órgano persecutor que la supuesta red adquirió decenas de bienes millonarios como son casas, apartamentos, autos lujosos, fincas, empresas, cuentas bancarias, para según la acusación colocar los activos distraídos del patrimonio público.

Una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)”.

Para cometer las acciones delictivas desde la nóminas existía un esquema tipo piramidal en donde, en el caso del CESTUR, el imputado Juan Carlos Torres Robiou , Codinome D1, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado Coronel Yehudy Guzmán Alcántara,  Rafael Núñez de Aza y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En el caso del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre era quien aprobaba los nombramientos de personas, no obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza,

El esquema de corrupción consistía reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, luego las personas que pasaban la depuración eran agregadas a las nóminas de CUSEP o CESTUR, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, y el resto debían devolverlo a las “cabezas recolectoras”,

el promedio mensual de dinero en la dinámica de recolecta con las nóminas, soló en CESTUR era de seis millones de pesos al mes.

Posteriormente, el imputado Rafael Núñez de Aza  explica la Pepca se encargaba de hacer entrega de una parte del dinero recolectado a los generales   Juan Carlos Torres Robiou , Adán  Cáceres Silvestre, General Julio Camilo De los Santos Viola, y otros tres coronles. (fuull) Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, Ttt. Coronel Kelman Santana, ERD.

Todos los imputados, precisa la PEPCA presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes.

Indica además que más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras fueron realizadas en  una entidad bancaria ubicada en una  Estación de Combustible Texaco de la Av. Venezuela. Esto se realizaba en este lugar puesto que, en coordinación  con la gerente, la imputada Esmeralda Ortega Polanco (a) 550, se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de transacciones sospechosas y escasos reportes.

En la solicitud de medida de coerción el MP asegura se han identificado cientos de propiedades adquiridas por los imputados a nombres propios, como también de personas jurídicas relacionadas como lo son: Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa Internacional Company EIRL y Aldom Glass Alumimium SRL.

Unas 119  propiedades e  inmuebles han sido incautadas, según indica la pepca  por estas haber sido adquiridas por los imputados con dinero provenientes de actos de corrupción.

A través de la empresa OPTUMUS EIRL, el  imputado Rafael Núñez de Aza, con autorización de Juan Carlos Torres Rubio y Adan  Cáceres Silvestre, sustrajeron del erario la suma de ochenta y nueve millones cuatrocientos doce mil seiscientos ochenta y un pesos con siete centavos (DOP. 89,412,681.07

Del monto anteriormente referido, más de veinte millones (DOP. 20,545,448.00), corresponden a contrataciones ficticias de combustibles con CESTUR hoy POLITUR.

Cerca de 69 millones corresponde a contrataciones ficticias con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

En tanto a través RAWEL Importadores SRL agrega el MP  el imputado Rafael Núñez de Aza, en coalición de funcionarios con los coimputados Juan Carlos Torres Rubio y Adan Cáceres sustrajeron del erario la suma de cientos sesenta y seis millones cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos con noventa y cinco centavos (DOP. 166,059,044.95).

De este monto  cuarenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil ochocientos pesos (DOP.44,132,800.00), corresponden a través de contrataciones ficticias CESTUR, por conceptos de supuesta venta de combustibles.

El socio mayoritario y propietario de dicha empresa, el señor Wellington Fernández Madera estableció que hacia las facturas y los conduces por  instrucción de su amigo y superior, el imputado Rafael Núñez de Aza, pero que nunca entregó tickets de combustibles ni tampoco combustibles con su empresa RAWEL Importadores SRL, evidenciándose con esto que los conduces y facturas constituyen falsedades realizada por los imputado Rafael Núñez de Aza y Juan Carlos Torres Robiou a los fines de distraer los fondos del Estado, a través de CESTUR.

 

El general Juan Carlos Torres Robiou al ser designado en agosto del 2014 en el Cestur  indica el órgano persecutor creo una mesa de confianza donde a cada integrante se se le asignaron puestos estratégicos  donde administraban fondos y ejecutaban órdenes que le permitían manejar a discreción los recursos de la institución donde de septiembre a diciembre del 2014 a enero abril del 2021 se distrajeron de los fondos destinados a raciones alimenticias más de DOP$304,961,595.00 (FULL)

El mismo modus operandi que era utilizado para desviar el dinero de las raciones alimenticias, era utilizado con el fondo asignado para inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, detalla el MP en la solicitud de medida de coerción.

En el expediente de 634 págimas, la PEPCA indica desde el año 2014 hasta el año 2020, le fueron librados en cheques a nombre del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, por concepto de pago de gastos de inteligencia, la cantidad de setecientos treinta y ocho millones, doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos (DOP$737,509,419.00).

Para la distracción de gran parte de dichos fondos, los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: “con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles, ni generar soportes puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional del país”.

En el expediente es mencionada la esposa  Juan Carlos Torre Robiou,  Greybby Maria Cuello Coste, la cual también era funcionaria pública y fue designda Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), desde el 08 de abril del año 2020 hasta el 27 de agosto del año 2020, es decir, que en dicha posición solo se mantuvo durante 4 meses. En el CONANI, durante ese esporádico período, devengó un salario de doscientos setenta mil pesos (DOP$270,000.00) mensuales, más gastos por transporte y de representación y la institución manejó recursos por alrededor de cuatrocientos cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos con cincuenta y nueve centavos DOP$405,434,966.59

Destaca la pepca  que  se puede evidenciar  la misma estructura delictiva montada en el CUSEP y más aún en el Cuerpo CESTUR por el imputado Juan Carlos Torres Robiou fue establecida en el CONANI en los meses de gestión de la ex directora Greybby María Cuello Coste de Torres, teniendo como cabeza al imputado Rafael Núñez de Aza.

El órgano persecutor acusa a los imputados  de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, falsedad en las declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito.