SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Contrataciones Públicas recordó este martes el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado según lo contemplado en el artículo 14 de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, y Obras, y sus modificaciones.


En un comunicado dirigido a las entidades

gubernamentales, el órgano rector de las compras y contrataciones públicas

indicó que no pueden ofertar ni contratar con el Estado los funcionarios de

primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de

aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, es decir, ministros,

viceministros, directores y subdirectores, prohibición que se extiende hasta

seis meses después de la salida del cargo.


Dentro del régimen de prohibiciones también se señala a

los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado (padres, hijos,

hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos) o por

afinidad hasta el segundo grado (cónyuge, suegro, cuñados, entre otros) de los

funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por lo establecido en

el artículo 14 de la Ley, tales como las máximas autoridades ejecutivas de las

instituciones y segundas al mando de estas, los miembros del comité de compras

y contrataciones, los responsables de las unidades operativas de compras y

contrataciones, y servidores públicos con injerencia o poder de decisión en

cualquier etapa del procedimiento de contratación, entre otros.


Explicaron que esta prohibición para los parientes y

afines solo aplica en el ámbito de la entidad en que los funcionarios prestan

servicios.


“Invitamos a todos los funcionarios y funcionarias

públicas a cumplir con la normativa a fin de que los procesos sean

transparentes, se garantice la igualdad de oportunidades y no se de paso a

ningún conflicto de interés. En ese sentido, solicitamos a los servidores

públicos recién designados que se encuentran dentro del régimen de

prohibiciones establecido en la Ley y están inscritos en el Registro de

Proveedores del Estado (RPE) como persona física o como socios de una empresa

con más del 10% de participación en el capital social, que remitan una

comunicación a esta Dirección General requiriendo la suspensión de su RPE. En

caso contrario, procederemos a suspenderlos de oficio”, resaltó el director

general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.


Manifestó que para dar cumplimiento a la normativa

vigente, las instituciones contratantes deberán, en la etapa de evaluación de

las ofertas, verificar que las personas físicas y jurídicas participantes no se

encuentren dentro del régimen de prohibiciones y abstenerse de adjudicar y

suscribir contratos con estos.


“Desde Contrataciones Públicas estamos comprometidos a

velar por el respeto de la Ley y cualquier propuesta o contratación que viole

lo establecido, será anulada. Todos los funcionarios que participen en los

procesos de compra o contratación serán responsables por los daños que por su

negligencia o dolo causare al patrimonio público y será pasible de las

sanciones establecidas en dicha Ley, sin perjuicio de las sanciones penales de

la que pueda ser objeto, como lo señala el segundo párrafo del art. 65 de esta

normativa”, destacó Pimentel.