Una vez vencido dicho plazo, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de los extranjeros “deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales”.

SANTO DOMINGO.- En momentos en que Haití vivió este año una profunda agudización de su crisis política y económica tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el fortalecimiento de bandas armadas y una escasez de combustibles, el Gobierno dominicano emprendió el proyecto de construcción un muro fronterizo e implementó medidas migratorias para impedir el flujo de migrantes desde esa nación, incluidas a las mujeres embarazadas.

Dichas disposiciones, adoptadas en el Consejo Nacional de Migración en septiembre, generaron el rechazo de grupos de derechos humanos y de organismos internacionales por la forma en que fueron repatriadas algunas parturientas.

Al detallar las nuevas regulaciones, el ministro de Interior y Policía estableció que el Estado dominicano tomaría todas las medidas necesarias en cumplimiento de la ley para evitar la entrada al país de los indocumentados.

La primera de esas disposiciones fue “un plazo de tres meses a las empresas o empleadores para regular a sus trabajadores extranjeros al cumplimiento de la Ley 285-04 y su Reglamento de Aplicación 631-11”.

Una vez vencido dicho plazo, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de los extranjeros “deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales”.

Además, el Consejo advirtió que “se ejecutará el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de multas de cinco a treinta salarios mínimos” a quienes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros no habilitados para trabajar en el país.

De manera paralela, el primero de noviembre el viceministro de Asuntos Congresuales y Migratorios, Jatzel Román, anunció a través de su cuenta de Twitter una pausa indefinida al programa especial de visados para estudiantes haitianos.

El Consejo Nacional de Migración también advirtió que negaría los servicios de salud a los inmigrantes indocumentados, con excepción de las emergencias, y auditaría a los 220 mil extranjeros que se beneficiaron del Plan Nacional de Regularización, a fin de determinar si hubo vicios y decidir quiénes sí califica.

Tanto la suspensión del programa de visas a estudiantes y las restricciones a los servicios de salud recibieron el rechazo inmediato de diversos grupos e incluso dirigentes del propio partido de gobierno.

La viralización en redes sociales de un video en el que se observa cómo agentes de migración detenían con fines de repatriación a parturientas haitianas en las inmediaciones de unos hospitales maternos del Gran Santo Domingo generó indignación fuera y dentro del país.

Las críticas se incrementaron cuando una mujer entró en labor de parto cuando era trasladada en un vehículo de Migración al vacacional de Haina como paso previo a su deportación.

Activistas de derechos humanos consideraban que esas acciones vulneraban la dignidad de estas extranjeras, al ser detenidas en los centros médicos, sin antes investigar su condición de salud.

Incluso la ONU manifestó su preocupación y pidió a mediados de noviembre al Gobierno suspender las detenciones y deportaciones de mujeres embarazadas en momentos en que buscaban salud o incluso cuando ya recibían atenciones en centros de salud.

Según el documento de la ONU, estas acciones “ponen en riesgo la integridad física y la vida” de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales, convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes.

Tras la ola de críticas, el presidente Abinader aseguró el 22 de noviembre que el Estado sí ofrecía  asistencia médica a “todos los casos de emergencias” que se presenten sobre las parturientas haitianas, sin embargo, señaló que el país no puede atender a sus ciudadanos y también a los de otras naciones.

Sobre el tema también respondió,  el director de Migración, Enrique García, quien el primero de diciembre aclaró que la deportación de embarazadas haitianas en el país no es una acción ilegal.

“Como parte de las acciones para controlar de manera efectiva la migración irregular haitiana, el Gobierno estableció una partida de 2 mil millones de pesos en el presupuesto que entrará en vigencia el próximo año para la construcción de la verja perimetral inteligente”