De acuerdo al testigo número catorce, los imputados en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista hicieron sus declaraciones juradas de patrimonio fuera del plazo establecido por la Ley 311-14.

SANTO DOMINGO.- De acuerdo al testigo número catorce, los imputados en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista hicieron sus declaraciones juradas de patrimonio fuera del plazo establecido por la Ley 311-14.


Según el testigo de la acusación del Ministerio Público, Julián Rojas, las declaraciones no tenían ningún sustento que justifiquen las cifras declaradas, ni tampoco las propiedades.


Rojas expresó que Díaz Rúa presentó declaración jurada en el 2004, cuando fue nombrado director del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), donde presentó un patrimonio de 63 millones de pesos.


Precisó que posteriormente en el 2006, presentó su declaración jurada de actualización y en el 2008 presentó su declaración jurada cuando fue nombrado secretario de Estado de Obras Pública y Comunicaciones, pero que, sin embargo, no declaró la de salida.


Puntualizó que la declaración jurada que elaboró de Díaz Rúa se la entregó el Pepca, las cuales habían sido solicitadas a las Cámara de Cuentas de la República Dominicana, mediante oficio.


Sin embargo, tal como señaló el tribunal, esto solamente es posible mediante un informe o pericia realizado por la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, creada a partir de la ley núm. 311-14.


Además, señaló que las declaraciones juradas tanto de Inapa, como la de Obras Públicas fueron presentadas por separadas mediante acto notarial y presentada fuera del plazo establecido por la ley, que establece que todo funcionario público debe presentar su declaración jurada a más tardar 30 días después de haber sido nombrado en el cargo y a la salida del mismo.


En tanto, el perito contable declaró a los jueces que la misma carecía de la sustentación documental que permitiera probar la realidad las cifras y propiedades contenidas en las declaraciones juradas de patrimonio.


“Las declaraciones juradas carecían de sustentación, porque no tenían los documentos que probaran que esas cifras y esas propiedades, no pudieran ser verificada”, acotó el perito contable.


Sobre Andrés Bautista, las juezas del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que conocen del caso Odebrecht, excluyeron del juicio, a unanimidad, el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas del exsenador Andrés Bautista García preparado por Julián Rojas Rosario, auditor judicial y empleado de la Procuraduría General de la República.


Con la decisión del tribunal, dicho análisis no será valorado al momento de la decisión final, como también lo indicó dicho tribunal colegiado.


Esta exclusión viene a raíz de la comprobación de parte del tribunal de que Julián Rojas Rosario era un empleado de la Procuraduría General de la República y no así el funcionario designado por la ley núm. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que está encargado de la verificación de si un funcionario obligado a presentar declaración cometió actos de falsedad o si no puede justificar su patrimonio.


El tribunal manifestó que la intención del Ministerio Público con el testimonio de Julián Rojas Rosario era acreditar un informe que abordaba no solamente las declaraciones juradas de varios imputados, incluidos Andrés Bautista García, sino también con estos informes el órgano acusador pretendía demostrar el supuesto enriquecimiento ilícito por el cual acusa a Tommy Alberto Galán, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez y Andrés Bautista García.