En octubre 2014 la Cámara de Diputados eliminó el "cofrecito" desde el que mensualmente se entregaban 50 mil pesos a cada legislador para "ayudas sociales" en sus provincias, pero los senadores se resisten a decir adiós a los desembolsos millonarios con los que financian asistencias en sus comunidades.

SANTO DOMINGO.-En octubre 2014 la Cámara de Diputados eliminó el "cofrecito" desde el que mensualmente se entregaban 50 mil pesos a cada legislador para "ayudas sociales" en sus provincias, pero los senadores se resisten a decir adiós a los desembolsos millonarios con los que financian asistencias en sus comunidades.


Los diputados lo hicieron mediante una decisión administrativa, e igual podrían hacerlo los senadores, pero no hay voluntad política para dejar de recibir esos fondos.


¿La justificación? Es para asistir necesidades de los residentes en sus provincias y uno de los alegatos para no dejarlo es que el estado tiene carencias para atender las necesidades de los ciudadanos.


Los montos van desde los 619 mil hasta el millón de pesos, siendo Santo Domingo y San Cristóbal las provincias que más dinero reciben por su cantidad de habitantes.


El nada austero Fondo Provincial Senatorial para el período del 16 de agosto al 30 de septiembre fue retirado por 30 de los 32 senadores actuales. Los únicos que no tocaron el dinero fueron Eduardo Estrella y Antonio Taveras.


¿Qué hacen con ese dinero? De todo un poco. Según algunos han detallado con esos fondos dan ayudas médicas, funerarias y de otros tipos que requieran sus compueblanos.


Dionis Sánchez, senador por Pedernales, justificó la permanencia de estos fondos alegando que si eliminarnos resolviera los problemas del país, ya lo hubieran quitado.


Una que fue altamente cuestionada por retirar los fondos es la senadora Faride Raful. La legisladora aseguró que su posición es redirigir los recursos del “barrilito” a verdaderas necesidades en el Congreso Nacional y que se opone a utilizar estos recursos para bienestar propio ni prácticas asistencialistas, “ese no es el rol del Congreso Nacional”.


“Usted tiene derecho a cuestionar y decir lo que quiera siempre que no transgreda los límites establecidos en la ley. Siempre se va a pagar un precio por la libertad de acción y de palabra. El que una persona no se enriquezca del dinero del pueblo ni viole la ley, debe ser lo normal”, publicó Raful a través de su cuenta de Twitter.