SANTO DOMINGO, República Dominicana- La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de resolución que solicita a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dejar sin efecto la Norma General 13-2011, la cual pretende convertir a las entidades de intermediación financiera en agentes de retención del 1% los intereses que las empresas perciben por sus depósitos bancarios.

La propuesta, del diputado Víctor Gómez Casanova (PRD-DN), fue enviada de inmediato a la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo del hemiciclo, dirigida por José Ramón Cabrera, que deberá rendir un informe en los próximos 10 días. Esta comisión convocará a los sectores involucrados para discutir el contenido de la medida antes de pronunciarse.

El proyecto de resolución se basa en que “la regulación del sistema monetario y financiero de la Nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central” y advierte que no ha existido el debate necesario sobre la Norma de la DGII, contrario a lo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Establece que, de acuerdo con esa resolución, “las entidades o personas que cumplen funciones públicas o administran recursos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados de amplia difusión (…) los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de carácter general”. Este proceso legal no fue seguido por la DGII.

La norma tributaria, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo día 1 de octubre, ha sido refutada por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito (Abancord).

En su contra también se han manifestado el empresariado dominicano a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc. (CONEP) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), así como diversos expertos en derecho tributario.

En todos los casos, el proyecto de la DGII ha sido calificado como ilegal e inconstitucional, porque viola la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las entidades de intermediación financiera.

El sector bancario y financiero del país interpuso, ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso de amparo contra la Norma General 13-2011. Con esta acción, las entidades de intermediación financiera buscan que el Tribunal Superior Administrativo ordene a la DGII revocar, por ilegal, y dejar sin efectos la citada medida. La audiencia está prevista para el próximo jueves 29 de septiembre.