SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras el conflictogenerado por la resolución 2007-12 emitida por la Junta Central Electoral que impide a los dominicanos de descendencia haitiana optar por sus documentos de identidad y electoral, abogadas que le han dado seguimiento a este caso señalaron este jueves que las personas afectadas no pueden llevar una vida normal como todos en su propio país, ya que no pueden estudiar, trabajar, casarse, ni viajar.

Noemí Méndez y Liliana Gamboa indicaron que antes de ir a Washington y a la Comisión de los Derechos Humanos, agotaron todos los procesos administrativo y de manera judicial y no recibieron respuestas de parte de las autoridades.

“Ciertamente en el 2007 la Junta Central Electoral emitió una resolución número 12 de ese año, donde pretendía limpiar o depurar los problemas que existían de registro civil, en principio esa es la intención de esa resolución. Sin embargo los efectos que causó en una población específica que era la de los dominicanos de descendencia haitiana es que a todas personas que cuyos padres fueron haitianos y que estaban declarados con fichas, que se las entregó el CEA, con el permiso que le dio el Estado dominicano, con las fichas que sus padres cotizaban en la seguridad social y hacían todas su vida la sociedad civil en el país”, expresaron.

Indicaron que existe más de 20 mil personas afectadas por esta medida y que a pesar de todo están en los libros del estado civil dominicano sin tachaduras, pero que el delito es que sus padres son haitianos.

Indicaron que agotaron todos los recursos de lugar para que se les buscara una salida, pero al no recibir respuestas de las autoridades acudieron a los organismos internacionales, ya que muchos casos tienen más de cuatro años sin resultados.

Las profesionales del derecho ofrecieron sus declaraciones al ser entrevistadas en “El Despertador”, del Grupo SIN, que se transmite por Antena Latina, donde expresaron que las personas de color oscuro son las más afectadas por esta medida