Por solicitud de algunos de los imputados, las declaraciones de los testigos no fueron difundidas por el canal oficial de la Suprema  ni por los medios de comunicación.

SANTO DOMINGO.- Con solo seis de los 14 implicados originales, del juicio de fondo el caso Odebrecht, que culminará con las sentencias que dictará el próximo jueves el Primer Tribunal Colegiado del Distrito, pasó en septiembre del 2020 a la Jurisdicción Ordinaria, donde el Ministerio Público presentó pruebas documentales y testimoniales que incluyeron a tres exejecutivos de la constructora brasileña y varios peritos del país.

Por solicitud de algunos de los imputados, las declaraciones de los testigos no fueron difundidas por el canal oficial de la Suprema  ni por los medios de comunicación.

¿Por qué no permitieron la transmisión de los testigos y por qué tiempo se mantuvo la disposición?

El ocho de enero del 2021, el tribunal prohibió  la emisión de la audiencia, medida que coincidió con la declaración de los testigos brasileños que comparecieron  en el proceso, la cual fue suspendida  un mes antes, es decir en  diciembre del 2020,  precisamente, por la ausencia de los exjecutivos Marcelo Hofke, Mauricio Dantas Becerra, Marcos Vasconcelo Cruz, Rodrigo Maluf Cardoso y María Eugenia Batista.

La decisión fue dictada por el tribunal, debido a  que los testigos que no estuvieran presentes podían ser influenciados, por lo que se prohibió las transmisiones en vivo por el canal oficial de la SCJ y los representantes de los diferentes de medios de comunicación que estuvieran presentes en la audiencia no debían grabar videos ni audios de los testimonios.

Una vez acudió al juicio, el exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, este  admitió que la empresa pagó millones de dólares en sobornos en el país que eran canalizados a través del empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

El testigo, además citó al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, como receptor del dinero que se entregaba, para la adjudicación de obras del Estado.

El ex director jurídico de Odebrecht, Dantas Bezerra afirmó que en el país la empresa admitió la comisión de los delitos de corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad.

El tribunal escuchó a María Eugenia Batista, quien dijo que se hicieron pagos ilícitos a las empresas Lashan Corporation, Newport consulting y CoNamsa, relaciondas con Ángel Rondon Conrado Pittaluga.

El 14 de enero de este año, el testigo Rodrigo Maluf Cardoso, declaró haber participado en los acuerdos de lenidad suscritos por Odebrecht y Brasil y  admitió no conocer los hechos relacionados en el país.

Ese mismo día, el  exgerente de Odebrecht Marcelo Hofke  acudió al juicio de fondo y reconoció que cuando acudió a la PGR en el 2017, identificó a Rondón como representante comercial de Odebrecht.

El Tribunal rechazó la incorporación de una serie de pruebas entre ellas consideradas como decisiva para el MP. Y estas fueron las delaciones premiadas. Las juezas indicaron que las delaciones premiadas no se podían incorporar al juicio porque el Ministerio Público no realizó un anticipo ni hizo uso de la resolución de pruebas masivas que estaban autorizadas por el juez de la Instrucción, quien había ordenado interrogar un total de 30 personas, entre ellas a los exejecutivos de la empresa brasileña.

Además de las delaciones premiadas también han sido excluidos los acuerdos de culpabilidad de los ejecutivos de la empresa brasileña y el que hicieron las autoridades de Estados Unidos con Brasil.

El Ministerio Público había calificado esas pruebas como esenciales para sostener la acusación.

Los miembros del Ministerio Público llevaron al tribunal más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos, desde que comenzaron la presentación de su oferta probatoria el 8 de enero de este año.

Mientras que la defensa de los imputados presentó cientos de evidencias documentales incorporadas al proceso.

Los seis imputados,  tuvieron  la oportunidad de hacer uso de la palabra ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito, quienes reiteraron que son inocentes de las acusaciones que en su contra presentó el MP

En los discursos  de cierre los abogados de la defensa solicitaron al tribunal la ab­solución por insuficiencia de pruebas, el cese de la medida de coerción y el rechazó al decomiso de sus bienes.

Mientras que el Ministe­rio Público, solicitó  pe­na de 5 a 10 años de prisión, así el decomiso de sus bienes

La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en septiembre del 2020 presentó, ante la Secretaría del Ministerio Público, su “formal inhibición” para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas por el caso Odebrecht, Germán Brito definió su decisión como “coherente con la postura que mantuvo en la etapa en que me desempeño como jueza de la Suprema Corte de Justicia, con un voto disidente indico que la investigación no tenía la fuerza probatoria suficiente para que se produjera una sentencia condenatoria.

Precisamente esa opinión de la hoy PGR fue utilizada por la defensa de los imputados para descalificar la acusación del MP.