"No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia".

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dice que no tiene atribuciones judiciales para llevar el caso de la señora Diolandita Cabrera, madre de Carla Massel, quien denunció que el Ministerio de Educación le exige el 30% de sus prestaciones.

"No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia".

"Tranquiliza conocer que a través de sus abogados la ciudadana Diolandita Cabrera, haya tramitado a la Procuraduría General de la República (PGR), la denuncia que el país conoció ayer", dice la entidad a través de una nota de prensa.

Agrega que "a esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma. Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos".

Además, agrega que la denuncia de extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000. 00 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos, es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana.  "Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado. Investigación que sería un aporte a las políticas de transparencia que ha venido aplicando el gobierno desde que inició sus funciones".

La entidad sostiene que la tranquilidad que motiva esta declaración está originada en las disposiciones del Decreto 486-12 que limita nuestras funciones a tramitar las investigaciones que, estudiadas y calificadas como penales por nuestra Dirección de Investigaciones deben ser referidas a la Procuraduría General.