Justicia (Archivo)

Por Miguel Montilla

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana .- La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, fijó para el viernes 21 de  noviembre la audiencia preliminar Contra el alcalde municipal Félix Rodríguez y ex funcionarios del cabildo acusados de un alegado desfalco superior a los 400 millones de pesos, cuya denuncia fue presentada en el informe con Alicia Ortega.

El alcalde confirmo la notificación para la cual dijo estar preparada, para acudir al  tribunal que procedió a citarlo mediante acto de alguacil a todas las partes, para que comparezcan a las 9:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre a la sala de audiencia de la Corte de Apelación, sito en la segunda planta del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle número 27, Santo Domingo Este.

Además de Rodríguez Grullón están acusados del desfalco la ex tesorera Fiordaliza Genao Hernández, el ex encargado de nomina Jerson Neris Lizardo Pèrez y su esposa Ana Hilda Bovier Aquino, los cuales son investigados tras estar acusados de desfalco, robo, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otras imputaciones.

Se recuerda que la Suprema Corte de Justicia decidió declinar el expediente de la jurisdicción de San  Francisco de Macorís, a la referida Corte, a pedido del alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, por alegadas razones de seguridad.

La cita del 21 de noviembre es una audiencia preliminar donde se debatirán los méritos de las pruebas, no será tratado por los integrantes del pleno de la Corte, sino por un juez especial, el magistrado Víctor Mejía Lebrón, estará presidiendo la audiencia como juez de la instrucción especial.

Tanto el alcalde Rodríguez Grullón como los ex funcionarios fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría General dela República, luego de una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas.

A todos se le conoció medidas de coerción y al alcalde se le impuso como garantía de presentarse a todos los requerimientos judiciales, el pago de cinco millones de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación cada lunes ante las autoridades judiciales.

A los demás se le impuso garantía económica de 400 y 200 mil pesos, así como visita periódica e impedimento de salida.

Diversos grupos y entidades sociales y popukares han rechazado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declinar hacia Santo Domingo el expediente y  han advertido que no obstante  allá Irán masivamente a exigir justicia.