Por lo que entienden que cualquier posición pudiera representar un retroceso en materia de violencia intrafamiliar o sexual y, al mismo tiempo, un incumplimiento con las garantías dadas en la Constitución.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, calificó de ser preocupante la decisión de la reducción de pena de violación sexual en el proyecto de Código Penal que ha sido discutido en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que ha estudiado la referida pieza legislativa.

En el proyecto de Código Penal se ha planteado la tipificación del delito de “relación sexual no consentida entre parejas”, lo que desde una visión desde el derecho penal especial se corresponde con elementos constitutivos propios del delito de violación, tal como se plantea en la vigente Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Actualmente, el artículo 331 de la norma previamente indicada delimita el delito de violación con una pena de diez a quince años, así como también incluye circunstancias agravantes para la imposición de penas superiores.

Asimismo, el artículo 332 establece una pena de diez a veinte años para el caso de las relaciones sexuales no consentidas entre parejas bajo determinadas circunstancias, como parte extensiva del propio tipo penal de violación.

En tanto, en el proyecto legislativo que ha sido analizado por la Comisión Bicameral para el estudio del Código Penal se han reducido las penas de dichos actos delictivos, sin precisar cuáles son los parámetros jurídicos que han sido tomados como base para el establecimiento de un tipo penal distinto a la violación por configurarse la existencia de una relación de pareja, ni mucho menos se explica la reducción de las penas a imponer.

Por tanto, la reducción de la pena y la creación de un nuevo tipo penal que debilita la punibilidad de la violación se traducen en un retroceso contra los derechos fundamentales y las garantías que deben ser respetadas en el marco del Estado social y democrático de derecho.

Directivos de la institución expresaron que dicha decisión choca con el hecho de que la República Dominicana es signataria de la “Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, así como la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” o “Convención de Belem Do Pará”, ambas debidamente ratificadas por el Congreso Nacional; y que funcionan como instrumentos convencionales enmarcados en el bloque de constitucionalidad, donde en éstos se condena la violencia sexual inclusive en el ámbito de una relación de pareja o dentro de la familia.

Por lo que entienden que cualquier posición pudiera representar un retroceso en materia de violencia intrafamiliar o sexual y, al mismo tiempo, un incumplimiento con las garantías dadas en la Constitución.