La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJU) resaltó las debilidades institucionales del sistema de justicia dominicano, con relación al informe anual emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos correspondiente al año 2019 y las aseveraciones que este contiene.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJU) resaltó las debilidades institucionales del sistema de justicia dominicano, con relación al informe anual emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos correspondiente al año 2019 y las aseveraciones que este contiene.

El documento de prensa manifestó que a la fecha todavía queda pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica, lo cual resulta un requisito indispensable para la consolidación del postulado Estado social, democrático y de derecho y, a su vez, para el desarrollo económico y social del país.

Asimismo,  indica que sigue siendo de gran preocupación que el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, información que plantean otros estudios e informes como el Latinobarómetro que, en su última versión, se mantiene en un 21%, muy similar al 20% de confianza que, según ese mismo estudio, tiene el Poder Legislativo, y el 22% respecto del gobierno.

Un elemento esencial a considerar de este informe, respecto al sistema de justicia, son las notas que refiere en torno al curso del proceso a nivel judicial del denominado caso “ODEBRECHT”, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que acrecienta los índices de desconfianza.

Por otro lado, resulta pertinente rescatar del informe lo relativo a la implementación de la ley de partidos y de régimen electoral, específicamente a la desigualdad en la asignación de fondos, la equidad en el uso de recursos en los períodos de campaña electoral y lo relativo a la transparencia en la ejecución de los fondos.

Los desafíos institucionales abarcan la necesidad de fortalecer los niveles de transparencia y los sistemas de control y de consecuencia que representan el contrapeso del accionar gubernamental. Sin embargo, prevalecen notables indicios de casos de corrupción sin sanciones.