La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró urgente que el Senado revise y corrija las partidas del Proyecto de Presupuesto bajo la denominación de “Administración de Contribuciones Especiales” por considerar que contiene “gravísimas distorsiones” que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad.

SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró urgente que el Senado revise y corrija las partidas del Proyecto de Presupuesto bajo la denominación de “Administración de Contribuciones Especiales” por considerar que contiene “gravísimas distorsiones” que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad.


En concreto, para FINJUS es urgente que el Congreso Nacional revise y corrija esas partidas porque “se ha establecido que las partidas presupuestarias que en los últimos años se han disfrazado como “asistencia social” en realidad se han convertido en un instrumento que desvirtúa la función constitucional de los legisladores”.


La fundación agrega que “bajo el pretexto de asistir a las comunidades en tareas de salud, reparación de viviendas, ayuda por defunciones y otras formas de encubrimiento, en el Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados se han dilapidado miles de millones de pesos en los llamados Barrilitos, Cofrecitos, dietas, exoneraciones de dos vehículos, aportes para contribuir a festividades populares, etc”.


Criticaron y tildaron de preocupante que, tanto en las partidas del Senado de la República como en las de la Cámara de Diputados, reaparecieran estos conceptos sobre los cuales se esperaba una superación de los mismos y que constituyó una importante promesa electoral de candidatos y agrupaciones políticas.


En el marco de la situación sanitaria, social y económica que prevalece por efecto de la pandemia, aplaudimos el gesto de algunos legisladores de  renunciar voluntariamente a dichos privilegios. Por esto resultaría contraproducente que desde el Congreso se respaldara una medida de esta naturaleza, destinando recursos del Estado para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representación, legislación y fiscalización.


En otro orden, tal como se ha destacado en los medios de comunicación social en los últimos días, consideramos inaceptable la práctica de incluir nuevas figuras impositivas que vulneran el orden jurídico y lesionan la institucionalidad democrática, generando riesgos innecesarios para la seguridad jurídica del país y el clima de inversiones. Agravado lo anterior por el hecho de que no ha existido previamente ninguna iniciativa para propiciar un amplio consenso nacional o un diálogo formal previo.


Como hemos reiterado en otras ocasiones, la República Dominicana debe abocarse a explorar, identificar, definir y aprobar soluciones viables que permitan superar los retos que ha generado la pandemica. Sin embargo, debemos estar alertas ante medidas, sugerencias, o recetas que conducen a una desnaturalización de las instituciones del Estado o las funciones públicas. El Congreso Nacional se encuentra con una nueva oportunidad de sobreponerse a las presiones de quienes desean perpetuar un régimen de privilegios que es ilegal, que viola la razonabilidad de sus actos y lastima la confianza social en el Primer Poder del Estado.