Santo Domingo.- El

Gabinete Social del pasado gobierno catalogó como una falta a la realidad el

alegato de las actuales autoridades gubernamentales, de que la inclusión de

personas que no figuraban en la base de datos significa una erogación que se

realizó sin “ninguna base técnica”.


“En su discurso del miércoles 25 de marzo el Presidente de

la República, Danilo Medina, recalcó que el programa Quédate en Casa era “para

los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones

de vulnerabilidad...”, manifestó la anterior administración del Estado.


Precisaron, que a la opinión pública en una rueda de prensa el

23 de abril del 2020, la ex Vicepresidenta y pasada Coordinadora del Gabinete

Social anunció la ampliación del programa Quédate en Casa para incluir sectores

informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales y no

disponían de empleo formal.


“A partir de dicha rueda de prensa, se habilitó un

formulario en el portal web quedateencasa.gob.do, para que todo el que

entendiera que calificaba para el programa por sus condiciones sociales,

pudiera facilitar sus datos y ser validado en diversas bases de datos,

incluyendo la del Sistema Único de Beneficiarios”, sostienen.


Informaron también, que se habilitaron canales para que

instituciones públicas y privadas, personalidades de la vida pública e

interesados, pudieran enviar listados para fines de ser validados y

contrastados con las diversas bases de datos.


En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el

Gabinete Social del Gobierno de Medina, expresó, que se dio respuesta a varias

correspondencias remitidas a la comisión presidencial para atender al COVID y

directamente al Gabinete Social. Algunas de las instituciones que podemos

mencionar son las siguientes: ACROARTE, Sociedad Dominicana de Medios

Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Pastores

de Iglesias Cristianas, FENATRADO, diversas Asociaciones de Choferes del

Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad Sindical, miembros del

Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de

buhoneros, domésticas, saloneras y muchos otros más. En todos los casos, los

listados fueron cruzados con las diversas bases de datos y solo se habilitaron

los que calificaron.


“Este proceso fue explicado en detalle y con ejemplos en

rueda de prensa del 29 de abril del 2020, donde incluso se mostraron ejemplos

de personas que habían reclamado al ser excluidas del programa y otras que no

calificaban para el mismo”, enfatizaron.


Dicen, que aquellos que no formaban parte de la base de

datos del SIUBEN, pero que aspiraban a formar parte del programa, serían

revisados en las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del

programa FASE y del programa Pa’ Ti, para evitar duplicidades. Y que, además,

se verificaría si eran parte del hogar de algún otro beneficiario. “Estos

procesos se repetían antes de cada ciclo de pago para asegurar una base de

datos lo más diáfana posible”.


Manifestaron, que las personas adicionales que no estuviera

en la base de datos del SIUBEN, tenían que cumplir los requisitos siguientes:

(a) No ser miembro de un hogar que ya fuera beneficiado por el programa Quédate

en Casa; (b) No ser beneficiario de los programas FASE o Pa’ Ti; (c) Que no

existieran observaciones a su cédula en el maestro de cedulados de la Junta

Central Electoral.


Indicaron, que en adición a las 70 mil familias adicionales

incluidas, se procedió a la sustitución de 45,000 familias de la base de datos

del SIUBEN, que originalmente fuero incluidas, pero que luego de un mes no

habían consumido el subsidio Quédate en Casa, lo cual también fue anunciado

públicamente.


Recomendaron, que si persisten inquietudes sobre el destino

de estos recursos, la Coordinación del Gabinete Social puede requerir a las

empresas procesadoras de pagos (CARDNET y VISANET), que remitan el detalle de

las transacciones de todos los beneficiarios del programa Quédate en Casa,

indicando el lugar en el cual realizaron sus transacciones y uso de fondos

correspondientes.


La pasada administración aclara, que los fondos que no son

utilizados por los beneficiarios retornan al Estado mediante un procedimiento

administrativo habilitado a tales fines, validado por el Ministerio de Hacienda

y los organismos de control interno.