Las alertas entre esta población crecen ante la posibilidad de deportaciones masivas en medio de la crisis que enfrenta su país.

SANTO DOMINGO.- El inicio de la auditoría al Plan Nacional de Regularización genera incertidumbre entre la comunidad haitiana residente en el país ante posibles deportaciones si su adquisición de documentos no fue conforme a lo establecido por la Ley.

Aunque aseguran no oponerse a la revisión del proceso, miembros de la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en República Dominicana les preocupa que inicien deportaciones masivas hacia Haití, sobre todo en momentos en que esa nación atraviesa por una gran crisis.

Asimismo, denunciaron que un grupo de inmigrantes haitianas embarazadas fueron detenidas y deportadas por inspectores de la Dirección General de Migración los últimos dos días al momento de sus chequeos rutinarios, lo que calificaron como degradante de la dignidad humana.

Indicaron que las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración del país, que incluye la limitación de servicios de salud a indocumentados, salvo que sea una emergencia, son violatorias de las convenciones internacionales de Derechos Humanos.

En tanto que, la auditoría al Plan Nacional de Regularización inició con la revisión de las 90 mil etiquetas colocadas a los pasaportes de los inmigrantes que realizaron el proceso, indicó este jueves el viceministro de Gestión Migratoria de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario.

Añadió que realizan junto a la Dirección General de Migración reuniones para, junto con un formulario que llenará la comisión, revisar si  los beneficiados en el plan de regularización cumplieron con todos los requisitos que establece la Ley de Migración.

Explicó que las oficina recién abiertas en dos provincias fronterizas, aunque no guardan relación con la auditoría, podrán registrar a todos los extranjeros indocumentados que crucen y residan en esta parte de la isla para conservar información y sus datos biométricos.

El viceministro indicó, también, que esas oficinas se instalarán en todas las provincias para, además de obtener los datos biométricos, conocer la residencia y oficio de los extranjeros indocumentados.