El 63 por ciento de los dominicanos considera que el país es gobernado para el beneficio de un grupo élite y reducido

SANTO DOMINGO.- La revelación del informe anual del Desarrollo Humano de que el 68 por ciento de la población prefiere un gobierno “no democrático” siempre y cuando se eficaz revela la desilusión colectiva hacia las instituciones y el sistema democrático debido a la corrupción y la falta de soluciones a los problemas cotidianos, de acuerdo a especialistas consultados por SIN.

El informe del PNUD establece además que el 63 por ciento de los dominicanos considera que el país es gobernado para el beneficio de un grupo élite y reducido, mientras que el 50 está de acuerdo con que el presidente controle los medios de comunicación como es característico en una dictadura.

A juicio del sociólogo Celedonio Jiménez, la situación es preocupante y pone en evidencia el descontento que existe entre los dominicanos por la incapacidad histórica de los gobiernos de solucionar los problemas de desigualdad social y económica.

El informe también provocó reacciones entre legisladores de diferentes bancadas, quienes atribuyeron a la corrupción la mala percepción ciudadana en torno a la democracia.

El reporte titulado "Atrapados: Alta desigualdad social y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe", señala también que en el país se han elevado las tasas de violencia y homicidios, al igual que la capacidad coercitiva de los grupos criminales, a raiz de la influencia que ha recobrado el narcotráfico.

Indica que la gente también se siente frustrada por los procesos electorales, por la enorme influencia política de los grupos poderosos.

Ante ese panorama, especialistas advirtieron al gobierno que debe ser consecuente con el cumplimiento de las promesas en materia de corrupción e institucionalidad, o de lo contrario, podrían desencadenarse estallidos sociales.

El organismo internacional propone a los países de la región reinventar las políticas de protección para que sean verdaderamente integradoras, tras insistir en que los hogares pobres necesitan transferencia de ingresos tanto como seguridad social.