Entre las recomendaciones del informe muestran la necesidad de disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

SANTO DOMINGO.- El informe de seguimiento al cumplimiento del compromiso de Lima Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, reveló los  ejes temáticos que deben ser priorizados en la lucha contra la corrupción, entre los que destaca la ley sobre extinción de dominio y la real independencia del Ministerio Público.

Entre los hallazgos presentados  por las organizaciones Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), está que el menor avance experimentado ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Entre las recomendaciones del informe muestran la necesidad de disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

Además, disponer de una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución, sugiere reformar la Ley 340-06, en virtud de actualizar y mejorar su contenido incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.

Refiere que se debe disponer de una ley de extinción de dominio, para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de los bienes, fondos y valores recuperados.

Destaca la necesidad de elaborar un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región.