"Un juez es un tercero imparcial, el cual no debería estar en debate con los abogados sino simplemente mantenerse incólume en las peticiones", expresó.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El abogado penalista Miguel Valerio, parte de la defensa Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas e imputado por el caso de sobornos Odebrecht, habló sobre los incidentes en la recusación con cinco jueces del Pleno de la Suprema Corte Justicia, entre ellos el presidente de la Alta Corte, Luis Henry Molina.

"Un juez es un tercero imparcial, el cual no debería estar en debate con los abogados sino simplemente mantenerse incólume en las peticiones", expresó el jurista luego de que los magistrados rechazaron en el juicio de fondo en unanimidad la recusación, justificando que los argumentos presentados por los recusantes del caso no fueron suficientes.

Afirmó que los jueces desconocían la manera en que se debía efectuar la recusación.

Manifestó que el hasta ahora la audiencia de Odebrecht ha sido un desorden "y una presidencia que ha querido imponer su autoridad, cuando la autoridad de un juez debe basarse en la credibilidad".

Con relación a su defendido el ingeniero Díaz Rúa dijo que sólo están pidiendo un juicio justo, y que mantendrá en el proceso que Rúa no recibió dinero de la constructora brasileña.

Asimismo expresó la prisión preventiva no funciona "aquí vemos la paja y no el grano, porque la prisión preventiva como figura jurídica por ejemplo el Anibel González ahí no funcionó".

Víctor Díaz Rúa:

En la acusación depositada en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público asegura que probará que el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa “hizo una contratación irregular con la finalidad de favorecer a Odebrecht para favorecerse a sí mismo, por el soborno recibido de Ángel Rondón” 

El Ministerio Público señala irregularidades “en el proceso de ejecución de la Carretera Casabito-Constanza, rehabilitada en dos ocasiones durante la gestión de Díaz Rúa 

Las autoridades dicen también que desde su llegada a Obras Públicas Díaz Rúa identificó el proyecto Autopista del Coral y “tras haber recibido sobornos gestionó todo para que dicha empresa (Odebrecht) sea la que construya el proyecto, no obstante haber sido adjudicada a Hormigones Moya en 2003”

A través de dos contratos de servicios de consultoría entre Conrado Pittaluga y Constructora Norberto Odebrecht el Ministerio Público pretende probar que Pittaluga “firmó contrato para recibir el 1.25 por ciento del valor total del proyecto Autopista del Coral, como una exigencia de Díaz Rúa a la Constructora… Odebrecht, con la finalidad de disfrazar los pagos obtenidos por el soborno para beneficiar a la empresa y de esta forma servir de testaferro a Díaz Rúa, tal como lo establece Marco Antonio Vasconcelos Cruz en sus declaraciones”

Otra de las obras cuestionadas por la investigación es la Carretera El Río-Jarabacoa, que según la acusación fue realizada “con la finalidad de incluir la construcción de dos pasos a desnivel sin licitación” 

El Ministerio Público sostiene que Díaz Rúa “movilizó a través de sus cuentas millonarias sumas de dinero que no puede ser justificado en base a sus ingresos legítimos” 

Como parte del supuesto enriquecimiento ilícito de Díaz Rúa a través de sobornos, la acusación asegura que éste adquirió un yate Pershing azul, de 60 pies de eslora, “bautizado como Balbie y registrado en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía de carpeta Nutberry Limited” 

A Díaz Rúa también le atribuyen haber utilizado a la Constructora Solaris, de la que fue socio fundador y de la que su hijo, Víctor Manuel Díaz Guerra es socio, “para mezclar el dinero ilícito” 

A nombre de esta compañía aparecen registrados 10 inmuebles, de acuerdo con la acusación Díaz Rúa “integró los recursos económicos a la economía formal utilizando  a Constructora Solaris para justificar una actividad lícita productiva que diera apariencia de licitud a esos fondos” para esto, dice el Ministerio Público, “fueron desarrollados dos proyectos inmobiliarios millonarios consistentes en un edificio de apartamentos de lujo denominado Torre FG-14 y Torre GG-26” 

También a través de la empresa Radio-Difusora Sky Land, presuntamente relacionada a Díaz Rúa, se adquirieron inmuebles con bienes provenientes del soborno. Según la acusación “a nombre de esta empresa fue adquirido el solar No.79 de Barranca Este, correspondiente a una villa ubicada en Casa de Campo” 

Previo a la constitución de la compañía Radio Difusora Sky Land, el ex ministro realizaba pagos de forma personal, por personas allegadas y sociedades del inmueble localizado en Casa de Campo. 

A través de otra empresa Monttoba, presuntamente Díaz Rúa adquirió el apartamento ubicado en la Torre Caney, en la avenida Anacaona. 

A Díaz Rúa también le imputan haber utilizado a la empresa Albox S.A. para ocultar el dinero ilícito obtenido en el ejercicio de sus funciones, según la acusación dicha empresa recibió transferencias de Lashan Corporation, propiedad de Ángel Rondón.

Una comunicación del 6 de julio de 2011 enviada por Lashan a Bancamérica, da cuenta de que esa empresa autorizó el pago de US$674,456.00 destinado a Albox S.A., vinculada a Díaz Rúa.

Dos inmuebles de 845.20 y 830.60 metros cuadrados respectivamente, ambos ubicados en el Distrito Nacional fueron, de acuerdo con el Ministerio Público, aportados en naturaleza por Díaz Rúa a la empresa Albox y posteriormente retornaron al control del imputado mediante venta, lo que de acuerdo con la acusación “permitió a Díaz Rúa ocultar la propiedad de estos en la declaración presentada en 2008” 

Sobre Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Díaz Rúa señala que los movimientos de sumas millonarias en sus cuentas comenzaron a reflejarse a partir del momento en que se vincula con la familia de Díaz Rúa “lo que evidencia que el dinero obtenido por el imputado era lavado a través de las cuentas de su yerno” 

La acusación señala además que a través de un informe financiero realizado a los productos bancarios de la empresa Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados, SRL (INDOEQUIPESA), demostrará que Guzmán Font-Bernard empezó a manejar a través de sus cuentas sumas altas de dinero a través de Indoequipesa, empresa supuestamente “utilizada por Díaz Rúa y Pittaluga para menejar el dinero ilícito obtenido por pago de sobornos” 

Otra de las empresas señaladas en la acusación es Merkel Investment SRL que en 2011 y 2012 no tuvo ningún producto financiero, sin embargo, la acusación señala que en 2013 “con la entrada a la empresa de Guzmán Font-Bernard esta razón social abre productos financieros por los cuales manejó casi mil millones de pesos”