El imputado ha dicho que no incurrió en ningún ilícito y que su patrimonio es fruto de su trabajo.

SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para este martes a las 9:00 de la mañana el juicio de fondo del caso Odebrecht, donde el imputado Tommy Galán tendrá tres días para presentar su discurso de clausura. De acuerdo al calendario estipulado, deben terminar y externar conclusiones el próximo jueves 9 de septiembre.

Contra Galán, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron que se le imponga cinco años de prisión.

Está acusado de soborno, lavados de activos y enriquecimiento ilícito, acusación que tratarán, por última vez, de desmontar frente a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en busca de que no dicten en su contra una sentencia condenatoria y ordene el decomiso de bienes y cuentas bancarias, como solicitó la Pepca. El imputado ha dicho que no incurrió en ningún ilícito y que su patrimonio es fruto de su trabajo.

El órgano acusador pide que Díaz Rúa y el coimputado Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecth, sean condenados a 10 años de prisión; Conrado Pittaluga a siete años y cinco años para los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

Además, solicita para cada uno de los imputados una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

En esta fase final del proceso las juezas Méndez, Yunes y Naranjo escuchan los discursos de clausura de las partes. El primero en hacerlo fue el Ministerio Público, luego la defensa de Rondón Rijo y ahora Díaz Rúa.

Entre las imputaciones presentadas por la Pepca contra los procesados figuran violaciones al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.