SANTO DOMINGO. – El exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, ejerció este viernes su defensa material ante el tribunal, en la que afirmó que las acusaciones de presunta corrupción administrativa en su contra carecen de sustento legal y que ha llegado el momento de que prevalezca la verdad.
“Han sido más de tres años de silencio; de espera paciente y de respeto absoluto al debido proceso. Hoy, por primera vez, ejercí mi defensa material y hablé a la justicia y a la jueza”, expresó el exfuncionario a través de su cuenta de X.
Ramón Peralta sostuvo que su equipo legal ha desmontado “punto por punto una narrativa viciada, sin objetividad y carente de sustento legal”, al tiempo que reiteró que su lucha ha estado motivada por la defensa de su honor y el de su familia.
“No hablo solo por la justicia que debe ser ciega, hablo por mi honor y el de mi familia, que han sido el motor de mi resistencia en estos más de mil días”, señaló.
Peralta dijo que mantiene la esperanza en que logrará demostrar la injusticia de la acusación, asegurando que su compromiso “es inquebrantable” y que su fe “en Dios y en la verdad se mantiene intacta”.
En su declaración en la red social, enfatizó que “la verdad no se puede ocultar para siempre; hoy, finalmente, comenzó a resplandecer”.
- El proceso judicial continúa en fase preliminar, donde se determinará si existen méritos suficientes para que el caso avance a un juicio de fondo.
Acusaciones en contra de Peralta
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los cargos principales en contra de Peralta son:
1. Desfalco y Estafa contra el Estado: Se le acusa de participar en un esquema que defraudó al Estado dominicano por más de RD$19,000 millones. El mecanismo principal era el pago irregular de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, donde se aplicaban sobrecostos y maniobras fraudulentas
2. Financiamiento Ilícito de Campaña: El Ministerio Público sostiene que Peralta, junto a otros exfuncionarios, utilizó fondos públicos obtenidos mediante este entramado para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, específicamente para la candidatura de Gonzalo Castillo.
3. Coalición de funcionarios y prevaricación: Se le imputa haber abusado de su función pública para asociarse con otros funcionarios (como el exministro de Hacienda, Donald Guerrero) con el fin de cometer actos ilícitos en beneficio propio y de terceros.
4. Lavado de Activos: La acusación indica que se utilizaron diversas modalidades para «limpiar» el dinero obtenido de los pagos irregulares, moviendo grandes sumas de efectivo para ocultar su origen ilícito.
5. Infiltración de la Investigación: Un elemento particular en su contra es la acusación de que, durante un allanamiento en su residencia, se encontraron documentos confidenciales de la propia investigación de la PEPCA, lo que el Ministerio Público interpreta como un intento de obstaculizar el proceso mediante la obtención de información privilegiada desde la Superintendencia de Valores.
El expediente de este caso cuenta con más de 2,100 páginas, unos 65 testigos y supera las 1,100 pruebas documentales, lo que lo convierte en uno de los juicios de corrupción más voluminosos de la historia dominicana.