Santo Domingo.– Un juez del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y dispuso la fusión de los expedientes que involucran a diez imputados vinculados a una presunta estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por un monto superior a los RD$200 millones.
La decisión fue adoptada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al unificar los procesos correspondientes a dos grupos de arrestados dentro de la misma investigación.
Fusión de expedientes
De acuerdo con el expediente, los imputados habrían integrado una red dedicada a captar fondos de manera fraudulenta mediante maniobras de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público de la República Dominicana, informó que el caso continúa en fase de investigación y que el órgano acusador cuenta con elementos probatorios sólidos.
- Según explicó, la fusión de los expedientes busca agilizar el proceso judicial y permitir una visión integral del caso, que involucra a los imputados arrestados en distintas etapas de la investigación.
Entre los acusados figuran, entre otros, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, además de otro imputado incorporado posteriormente al proceso.
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Medidas y evidencias
El tribunal aplazó la audiencia para el 22 de mayo de 2026, a fin de garantizar la notificación de las partes y la preparación de la defensa técnica.
El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, al alegar riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y la posible sanción penal.
Las investigaciones se iniciaron tras auditorías internas realizadas por la entidad financiera afectada, lo que posteriormente derivó en operativos conjuntos con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional.
Durante los allanamientos ejecutados en el Gran Santo Domingo fueron ocupados vehículos de lujo, relojes de alto valor, equipos electrónicos, dinero en efectivo, un arma de fuego sin documentación y otras evidencias vinculadas a la presunta actividad delictiva.
El proceso continúa bajo investigación mientras el Ministerio Público avanza en la presentación de las pruebas ante el tribunal competente.
