Santo Domingo.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, envia a juicio el fraude millonario con expropiaciones, pero descarta la parte que más sacudía al Partido de la Liberación Dominican (PLD): el supuesto uso de ese dinero para ganar las elecciones de 2020.
Durante años, el Estado dominicano tuvo que pagarles a ciudadanos y empresas cuyos terrenos o propiedades fueron tomados para hacer obras públicas. Eso se llama expropiación y es legal.
El problema, según el Ministerio Público, es que alrededor de esos pagos legítimos se habría armado una red de abogados, funcionarios e intermediarios que infló los montos, fabricó reclamaciones y se embolsó fondos que eran de todos los dominicanos.
La acusación dice que así se robaron más de 19 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva: esa suma equivale a lo que el Gobierno gasta en meses enteros en programas sociales.
Lo que la jueza decidió
Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros imputados tendrán que defenderse ante un tribunal.
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- Gonzalo Castillo y Ramón Peralta quedan fuera.
Es importante tener presente que el hecho de que alguien sea enviado a juicio no significa que sea culpable, significa que hay pruebas suficientes para que un tribunal las examine. La inocencia o culpabilidad se decide en el juicio, no antes.
¿Por qué importa lo que se cayó?
Desde el principio, la parte más explosiva del caso era la pregunta: ¿usaron dinero robado al Estado para ganar las elecciones? Si eso se hubiera podido probar, habría afectado directamente la legitimidad de toda una era política. Eso es lo que la jueza Ramírez descartó, al menos por ahora, porque las pruebas presentadas no fueron suficientes para conectar el dinero de las expropiaciones con la campaña electoral.
El resultado práctico es que Castillo —quien fue candidato presidencial del PLD en 2020— y José Ramón Peralta quedan libres de esa acusación. Y esto llega en un momento político particular: Castillo acaba de recuperar su visa estadounidense y ha mostrado interés en seguir activo dentro del PLD.
¿Ganó o perdió el Ministerio Público?
Las dos cosas a la vez, en partes distintas del caso. Logró mantener viva la parte más técnica y económicamente voluminosa del expediente. Pero perdió la narrativa política que le daba impacto público al caso. Un juicio sobre contratos y transferencias bancarias genera mucho menos interés mediático que uno sobre financiamiento ilegal de campañas.
¿Qué pasa ahora?
El juicio de fondo —donde se presentarán todas las pruebas y se escuchará a los acusados— puede tardar años. El caso es técnico, voluminoso y tiene muchos imputados. Mientras tanto, el debate político sobre si los gobiernos de Danilo Medina usaron fondos del Estado para sus fines electorales seguirá sin una respuesta judicial definitiva.
En resumen, el Estado dominicano perdió miles de millones de pesos en un presunto esquema de fraude con expropiaciones. Eso va a juicio. Pero si ese dinero terminó en una campaña política, por ahora, no se pudo demostrar.
