Santiago. – El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, desplegada el pasado martes contra una supuesta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y lavar activos mediante operaciones dirigidas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
Además, la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja, alegando la magnitud de la estructura, la cantidad de imputados y víctimas, así como la naturaleza de los delitos investigados.
Medida y caso complejo
Entre los señalados como presuntos cabecillas de la organización figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También fueron incluidos en la solicitud de coerción Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La instancia fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado, quienes solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de Santiago fijar audiencia para el conocimiento de la medida.
Cómo operaba la red
Según el expediente, la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés y amplio manejo de herramientas tecnológicas utilizadas para ejecutar las maniobras fraudulentas.
Las autoridades explicaron que el grupo captaba víctimas a través de anuncios publicitarios y, posteriormente, las sometía a extorsión y chantaje mediante amenazas. Para intimidarlas, los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, enviando incluso imágenes violentas para presionar la entrega de dinero.
El Ministerio Público indicó que, hasta el momento, han sido identificadas al menos 18 víctimas de la red.
- De acuerdo con la investigación, los fondos obtenidos eran movilizados mediante criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos a través de remesadoras y otras plataformas de pago, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero y darle apariencia de legalidad.
Allanamientos y pruebas
Durante la Operación XL526 participaron 35 fiscales que ejecutaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de distintas unidades de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO) y agentes de HSI Santo Domingo.
Las autoridades aseguran contar con pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.