Santiago. – El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red criminal internacional dedicada a estafas, extorsiones, chantajes y lavado de activos, que supuestamente operaba desde el distrito municipal de Jacagua.
Extorsiones desde Santiago a víctimas en EE. UU.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura utilizaba plataformas digitales para contactar a sus víctimas, en su mayoría residentes en Estados Unidos, y las intimidaba haciéndose pasar por miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más conocidas de México.
La fiscalía ha solicitado que se impongan 12 meses de prisión preventiva a todos los imputados y que el caso sea declarado complejo, alegando la magnitud de la presunta red y el carácter transnacional de las operaciones investigadas.
Fiscalía pide prisión preventiva y caso complejo
Los acusados son Carlos José Parra Laguar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También figuran entre los imputados Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Según las investigaciones preliminares, los integrantes de la organización habrían utilizado herramientas tecnológicas y redes sociales para ejecutar las extorsiones, exigiendo pagos a las víctimas bajo amenazas y utilizando la reputación violenta del Cartel de Sinaloa para generar temor.
El Ministerio Público sostiene que, además de las extorsiones y chantajes, la estructura habría incurrido en operaciones de lavado de activos para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos.
Las autoridades realizaron varios allanamientos en Jacagua y otras localidades de Santiago, como parte de las investigaciones, en los que ocuparon equipos electrónicos, documentos y otras evidencias que forman parte del expediente acusatorio.
La audiencia de este lunes será clave para determinar si los imputados enfrentarán el proceso judicial bajo prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones sobre una red que, según las autoridades, mantenía conexiones y víctimas fuera del territorio dominicano.