El Ministerio Público depositó este miércoles la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.
El expediente fue presentado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor pidió que la acusación sea admitida en su totalidad, junto con las pruebas recolectadas, y que se fije la audiencia preliminar para conocer el proceso.
Acusan a exfuncionarios y empresas de mantener un esquema de sobornos
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.
También Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste, así como otros exencargados y exfuncionarios vinculados a las áreas de seguridad de EdeNorte, EdeEste, SeNaSa e Inaipi.
También fueron sometidas las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L., por su presunta participación en la estructura investigada.
De acuerdo con la acusación, los sobornos ascienden a RD$108,080,359.92, dinero que, según el Ministerio Público, fue exigido y recibido por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios para favorecer la contratación y permanencia de determinadas empresas de vigilancia privada.
La investigación inició tras una denuncia
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, luego de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el expediente, la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, utilizando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para asegurar la continuidad de contratos de seguridad en entidades públicas.
El Ministerio Público sostiene que los funcionarios involucrados recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar procesos administrativos y evitar una supervisión efectiva de los servicios contratados, lo que permitió que las empresas señaladas continuaran beneficiándose de recursos públicos mediante prácticas fraudulentas.
«La acusación agrega que este esquema provocó la subordinación de los mecanismos de supervisión de las instituciones afectadas y favoreció de forma deliberada a determinadas compañías de seguridad privada, en perjuicio del interés público«.
- La Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025, permitió el arresto de militares y civiles presuntamente vinculados a esta estructura.
- Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La corrupción administrativa vinculada a los procesos de contratación pública ha sido uno de los principales focos de investigación del Ministerio Público en los últimos años, especialmente en áreas relacionadas con la prestación de servicios al Estado.
En la República Dominicana, la legislación sanciona delitos como el soborno, la asociación de malhechores, la estafa contra el Estado y el lavado de activos, prácticas que afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos y la libre competencia entre empresas que participan en licitaciones y contrataciones gubernamentales.
Las investigaciones por este tipo de delitos suelen estar a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dependencia del Ministerio Público responsable de perseguir actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o particulares en perjuicio del Estado.