Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la sentencia que declaró la extinción de la acción penal y favoreció a los imputados en el caso de la presunta venta irregular de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
La apelación fue conocida este jueves por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó para el próximo 10 de septiembre la lectura de su decisión.
Apelación contra la extinción del proceso
El recurso busca revocar la sentencia emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declaró extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y descargó a los acusados.
Entre los favorecidos por esa decisión figura el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío, así como Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El recurso también fue interpuesto contra varias empresas vinculadas al proceso, entre ellas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L., Inversiones Fernández Parache (Infepa), Tekknowlogic Dominicana, S.R.L. y la propia Corde.
El Ministerio Público sostiene que el tribunal incurrió en una aplicación incorrecta de la ley al declarar la extinción del proceso, por lo que solicita que la decisión sea revocada y que el juicio continúe.
Terrenos estatales y cargos del caso
La investigación está relacionada con la presunta venta irregular de alrededor de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos. Según la acusación, los imputados habrían participado en un esquema para transferir esos terrenos y comercializarlos con personas que ya residían en la zona.
El caso incluye acusaciones por presunta asociación de malhechores, falsedad, prevaricación, estafa y violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otros cargos contemplados en la acusación presentada por el Ministerio Público.