Santo Domingo. – El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia que ordena el pago de más de RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción vinculado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al considerar que la decisión presenta graves irregularidades procesales.
Pepca cuestiona competencia de la jueza
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo cuando ya no tenía competencia sobre el proceso, tras haber sido desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025.
El caso pasó entonces al Sexto Juzgado de la Instrucción, que conoció la audiencia preliminar y ordenó la apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado indicaron que la decisión también desnaturaliza la figura de la astreinte al convertirla, según alegan, en una indemnización a favor de un imputado por corrupción.
Astreinte de RD$7.56 millones en disputa
La sentencia dispone el pago de RD$7,560,000 por la liquidación de una astreinte relacionada con la devolución de bienes incautados. De acuerdo con el Ministerio Público, el único objeto pendiente de entrega es un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000.
La Pepca informó que cuenta con un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación y recordó que el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás acusados está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Álvarez Carbuccia figura entre los imputados en el proceso que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados de integrar un esquema de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos, el manejo de la red semafórica y otros sistemas tecnológicos del Estado.
Según la acusación, Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria para facilitar las contrataciones investigadas.
El Ministerio Público acusa a los implicados de asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos de alta tecnología, falsificación de documentos, contrabando y violaciones a la Ley de Armas. El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio.